Por medio de un comunicado la Federación Colombiana de Ganaderos, Fedegán, indicó que ya son 18 los departamentos que presentan invasiones ilegales, siendo evidenciadas 40 en total. Los predios rurales en donde ocurre esta conducta se encuentran en los siguientes departamentos: Antioquia, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá, Cauca, Cesar, Córdoba, Magdalena, Meta, Norte de Santander, La Guajira, Santander, Sucre, Tolima, Valle del Cauca y Vichada.
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“El caso más impactante conocido hasta el momento es que los invasores piensan apropiarse de 4000 hectáreas del sector rural del departamento del Magdalena en donde realizaron una avanzada y colocaron señales y marcas con pinturas de color rojo en los predios que consideran objetivo inmediato de invasión”, afirmó José Félix Lafaurie Rivera, presidente ejecutivo de Fefegán.
También reveló que los invasores son personas armadas, generalemente productores de alimentos que retan a las autoridades con el propósito de adueñarse de las propiedades, en donde incluso se han instalado con sus enseres.
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Así mismo, Fedegán denunció:
Aquí hay un grupo, incluso, apoyado con abogados, que promueven este tipo de invasiones, contratan a terceros a los que les dan unas comisiones muy importantes sobre las invasiones y luego terminan vinculando incluso a extranjeros o personas del entorno a los que les pagan $70.000 al día para que invadan la finca, a esa gente que no se dejen de alguna manera arrastrar por estos criminales profesionales de la invasión.
Una de las ciudades donde el tema de las invasiones ilegales se agrava cada vez más es Cali, en la que ya hay 188 asentamientos en sectores como el corregimiento de Navarro, Felidia, La Betulia, la parte alta de Siloé, La Reforma, Altos de Menga, los cerros tutelares como Tres Cruces y otras zonas del oriente.
“Es una problemática muy compleja porque implica no solamente una red de delincuencia organizada, sino a procesos de desplazamiento interno porque los mismos que venden los predios luego amenazan a los compradores para que se marchen para venderlo nuevamente. Es una organización que a alcanza un nivel de sofisticación importante”, aseguró César Lemos, subsecretario de servicios de acceso a la justicia en entrevista con Blu Radio.
En el proceso de invasión se evidenció que los terrenos son incendiados, posteriormente los responsables de estos actos alquilan maquinaria, venden el material para que los compradores levanten su vivienda, a quienes incluso se les ofrece los servicios de abogados para defender su permanencia en los predios, y lo que sigue es la instalación de forma ilegal de servicios públicos como energía con la construcción de postes, cableado y acueducto con mangueras.
Se estima que el 44% de la población de Cali está ubicada en asentamientos precarios y el 39% de la misma, en sitios de alto riesgo no mitigable. Por su parte, como una estrategia para tratar esta problemática, las autoridades distritales ofrecen $30 millones a aquellos que ofrezcan información que conduzca a los promotores de las invasiones.
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