Aunque el Gobierno de Gustavo Petro había anunciado que Mery Gutiérrez sí podría asumir el Ministerio de las TIC, este martes se confirmó que por cuenta de una inhabilidad no será nombrada en el cargo.

Gutiérrez, abogada de la Universidad de Los Andes, tiene un recurso legal contra el Estado —al parecer, por unos 45.000 millones de pesos—. Por lo tanto, el mandatario ya tomó la decisión de evaluar otras hojas de vida.

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Por qué se cayó el nombramiento de Mery Gutiérrez

Debido al el conflicto de intereses de Gutiérrez por una acción judicial que inició en 2014, cuando procedió contra la entonces Autoridad Nacional de Televisión (ANTV), a nombre de la productora Programar TV.

Aunado a ello, salieron a la luz denuncias por usurpación de bienes y perturbación a la posesión. Según Cambio, Gutiérrez, junto con otras personas condenadas como cerebros de una estafa piramidal conocida como Fit Forex, habrían desalojado a los ocupantes de un edificio durante una disputa legal, pese a que el proceso no había finalizado.

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Así las cosas, Petro enfrenta su segundo revés en cuanto a nombramientos de su gabinete de ministros. La semana pasada se le cayó César Ferrari del Departamento Nacional de Planeación. ¿La razón? Que este tiene tres nacionalidades: es peruano por nacimiento, italiano por sangre y colombiano por adopción. Precisamente, tener la nacionalidad colombiana por adopción le impidió ocupar el cargo.

Ahora, el mandatario estudiará nuevas hojas de vida para por fin completar su gabinete ministerial. El Partido de la U —colectividad con la que habría acordado la cartera de las TIC— ya le habría remitido una lista de elegibles. Para dicha decisión tiene un plazo de 15 días. 

Estados Unidos critica a Petro en la ONU y evalúa si continúa apoyo a Colombia en el Acuerdo de Paz

Estados Unidos lanzó fuertes críticas al presidente Gustavo Petro durante la más reciente sesión del Consejo de Seguridad de la ONU, en la que se presentó el informe trimestral sobre la paz en Colombia. El representante estadounidense, Mike Waltz, acusó al Gobierno de usar “retórica incendiaria” y de impulsar políticas que, según Washington, socavan los avances hacia una paz duradera. Además, cuestionó la ampliación del mandato de la Misión de Verificación, señalando que se ha desviado de su objetivo inicial —la desmovilización de las Farc— para centrarse en lo que calificó como “prioridades políticas excesivas”, como la JEP y el apoyo a minorías étnicas.

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