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La reciente publicación de un comunicado por parte de la Consejería Comisionada de Paz ha revivido la polémica en torno a la mesa de Paz Urbana que funciona en la cárcel La Paz de Itagüí. El pronunciamiento se produjo 43 días después de que un festejo vallenato celebrado en el interior de esa prisión desatara una fuerte crisis institucional, llamando la atención sobre la legitimidad y efectividad del proceso. En respuesta, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, calificó como “cinismo puro y duro” la defensa oficial de los diálogos con las estructuras armadas, negando que estas conversaciones hayan sido determinantes para la reducción de la violencia en la ciudad. Así lo expresó en declaraciones citadas por el medio Blu Radio.
El comunicado de la Consejería sostiene que la Paz Urbana no se suspenderá, pese a lo que califica como “intentos de sabotaje y barreras institucionales”. Según la entidad, estos diálogos han dado frutos concretos: en el Valle de Aburrá se registró en 2024 la tasa de homicidios más baja de los últimos 82 años, con 10 casos reportados por cada 100.000 habitantes, cifra que, durante 2025, bajó aún más a 9,5. Estas afirmaciones buscan reforzar la idea de que el proceso ha tenido un impacto positivo, a pesar de las dificultades.
El documento va más allá al denunciar trabas impuestas por instituciones como la Fiscalía, el Consejo de Estado, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), y el Congreso, al cual responsabilizan de no aprobar una ley de justicia restaurativa que facilitaría el tránsito de organizaciones armadas a la legalidad. Mientras tanto, el presidente Gustavo Petro respaldó públicamente esta postura desde su cuenta oficial en X (antes Twitter), advirtiendo que “en la violencia solo crece el narcotráfico y la sociedad pierde”, y señalando que obstaculizar la paz podría incrementar la inseguridad.
No obstante, Gutiérrez insiste en rechazar la conexión entre los diálogos y la reducción de homicidios, atribuyendo los logros en seguridad al trabajo de la Policía, la Fiscalía, el Ejército y la colaboración ciudadana. El alcalde también subrayó que la defensa de la Paz Urbana por parte de Petro llega pocos días antes de que finalice su periodo presidencial y apunta a que este proceso es, en realidad, su mayor aliado político. Todo este debate surge a raíz de la parranda vallenata realizada en abril, por el cumpleaños de alias Pocho, uno de los voceros del proceso, hecho que llevó a investigaciones internas y el traslado de Pocho a otra cárcel.
¿Cuáles son los argumentos a favor y en contra de la mesa de Paz Urbana en la cárcel La Paz de Itagüí?
La Consejería Comisionada de Paz argumenta que el proceso de Paz Urbana tiene resultados positivos, como la reducción histórica en la tasa de homicidios en el Valle de Aburrá. Respaldan la continuidad de los diálogos, rindiendo cuentas frente a obstáculos institucionales. Sus críticos, liderados por el alcalde Federico Gutiérrez, cuestionan los verdaderos impactos de estas negociaciones y sostienen que los avances en seguridad se deben al esfuerzo institucional y la comunidad, no a conversaciones con estructuras criminales.
¿Qué ocurrió durante la parranda vallenata en la cárcel La Paz y por qué fue polémica?
El 8 de abril, en el interior de la cárcel La Paz de Itagüí, se celebró una parranda vallenata en honor al cumpleaños de alias Pocho, vocero de la mesa de paz. El hecho motivó investigaciones a al menos doce funcionarios del Inpec, incluido el director del penal. Esta celebración puso en duda las condiciones en que se desarrolla el proceso y sirvió de catalizador para el actual debate sobre la legitimidad de la mesa de Paz Urbana.
Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
Graves acusaciones a Juliana Guerrero y más miembros del Gobierno de Petro: habló alta funcionaria
Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre y actual funcionaria del Gobierno, aseguró que hay más de 20 personas que están buscando desacreditarla con el presidente Gustavo Petro acusándola de varios hechos que ella no cometió, pero lo que sí hizo fue destapar una supuesta disputa interna de poder entre diferentes funcionarios o personas cercanas al presidente, como Juliana Guerrero y Carlos Carrillo, con quienes ella ha tenido una confrontación desde hace varios meses.
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