Una mujer de 28 años fue enviada a prisión por orden de un juez de control de garantías, tras ser señalada por la Fiscalía General de la Nación de torturar y causarle la muerte a su hijo de apenas cinco años en un caso que ha causado conmoción en Medellín.
De acuerdo con la investigación, el menor habría sido víctima de un prolongado ciclo de violencia física que se extendió durante varios meses y culminó con su fallecimiento el pasado 9 de mayo en una vivienda del barrio Santo Domingo, en el nororiente de la capital antioqueña.
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Según informó la Fiscalía General de la Nación, las investigaciones permitieron establecer que entre febrero y mayo de este año el menor habría sido sometido a constantes agresiones por parte de su madre.
El ente acusador sostiene que la mujer presuntamente golpeaba al niño con cables eléctricos y otros objetos contundentes dentro de la vivienda ubicada en el sector La Avanzada, donde residía junto a sus dos hijos menores de edad.
La investigación señala que el episodio más grave ocurrió el 9 de mayo, cuando la procesada, al parecer, le propinó un fuerte golpe en el abdomen al menor, lesión que desencadenó una peritonitis que finalmente le causó la muerte.
Uno de los principales elementos probatorios del proceso corresponde al dictamen del Instituto Nacional de Medicina Legal, que evidenció la gravedad del presunto maltrato.
Según el informe forense, el cuerpo del niño presentaba 120 lesiones abrasivas distribuidas en diferentes partes del cuerpo y con distintos estados de cicatrización, hallazgo que, para los investigadores, demostraría que las agresiones ocurrieron de manera reiterada y no se trataron de un hecho aislado. Los peritos concluyeron que las heridas reflejaban un patrón de violencia prolongada contra el menor.
Con base en las pruebas recopiladas, un fiscal del Grupo de Alertas Tempranas de Homicidio de la URI de Medellín imputó a la mujer los delitos de tortura agravada y homicidio agravado. Durante las audiencias preliminares, la procesada no aceptó los cargos formulados por la Fiscalía.
La mujer había sido capturada el pasado 27 de junio por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), quienes hicieron efectiva la orden judicial en su contra.
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Tras evaluar los elementos presentados por la Fiscalía, el juez de control de garantías consideró que existían suficientes fundamentos para imponer una medida de aseguramiento privativa de la libertad.
En consecuencia, la mujer deberá permanecer recluida en un establecimiento carcelario mientras continúa el proceso penal que busca esclarecer plenamente los hechos y determinar su responsabilidad en la muerte del menor.
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