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En Colombia, la violencia se ha instalado como una sombra constante para miles de familias, incluso cuando el inicio de un nuevo año suele representar esperanza y cambio. De acuerdo con el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), tan solo en los primeros 13 días de 2026 se han perpetrado cinco masacres, dejando un saldo desalentador de 18 personas asesinadas. Los datos, lejos de ser fríos números, representan historias individuales marcadas por el dolor y la pérdida.
La primera masacre registrada en 2026 ocurrió el 3 de enero en Santander de Quilichao, Cauca. Tres mujeres fueron asesinadas en circunstancias especialmente brutales. Irma Yulie Erazo Reina, administradora de un local comercial, fue atacada mientras trabajaba. Horas más tarde, durante su velorio, Angélica María Cantoñí Estacio y Reina Nancy Stella también cayeron víctimas de la violencia armada. Estos hechos ilustran una espiral de crueldad que conduce al temor colectivo y evidencia la fragilidad de la vida diaria en ciertos territorios.
El 6 de enero, nuevas masacres ampliaron la tragedia. En San José de Cúcuta, Norte de Santander, tres hombres fueron asesinados en una trocha aislada por sujetos armados, mientras en los municipios antioqueños de Amalfi y Remedios, cuatro personas, la mayoría miembros de una misma familia, fueron ultimadas. Según reportes recogidos por Indepaz, la autoría de estos hechos recaería sobre integrantes del Clan del Golfo, organización criminal activa en la región.
Tres días después, el 9 de enero, la violencia se trasladó a Maicao, La Guajira. Un grupo que se movilizaba en una camioneta de alta gama abrió fuego en el barrio Altos de Parrantal, matando a cinco jóvenes e hiriendo a otros dos. Las autoridades identificaron a las víctimas y confirmaron la gravedad del ataque, cuyo eco se sintió en toda la comunidad.
El sábado 10 de enero, la tragedia continuó en la vereda Los Rastrojos, zona rural de Abejorral, Antioquia. Tres cuerpos baleados fueron hallados por los mismos habitantes de la zona, quienes habían advertido previamente a las autoridades sobre disputas territoriales y la presencia de corredores estratégicos de grupos armados. Pese a estas alertas, las acciones preventivas no se materializaron.
Frente a esta situación, la Defensoría del Pueblo ha recalcado que ninguna de estas acciones violentas puede considerarse un hecho aislado. En un comunicado citado por medios nacionales, la institución enfatizó la existencia de una gobernanza paralela ejercida por estructuras ilegales. Esta dinámica determina normas, restringe la movilidad, siembra amenazas y, en algunos casos, promueve prácticas de “limpieza social” y extorsión. Incluso se han dado casos de reclutamiento forzado de menores, complicando aún más la protección de derechos fundamentales.
En este escenario, el presidente Gustavo Petro aún no se ha manifestado públicamente. Sin embargo, organizaciones sociales, comunidades y entidades de veeduría han elevado su voz al exigir respuestas estatales efectivas, recordando que en 2025 la violencia cobró la vida de 256 personas solo en hechos similares. La Defensoría advirtió, además, que la confrontación entre distintos grupos armados aumenta considerablemente el riesgo de nuevas masacres, desplazamientos forzados y graves atentados contra la población civil. La urgencia de intervenir y tomar medidas concretas tiene, así, un trasfondo humano y social de vital importancia para el país.
¿Por qué se utilizan los términos “masacre” y “gobernanza paralela” en el contexto colombiano?
En los sucesos de violencia descritos por Indepaz y la Defensoría del Pueblo, la palabra “masacre” hace referencia a asesinatos múltiples en un mismo evento, lo que marca un grave impacto sobre la seguridad y la convivencia. Utilizar esta expresión subraya tanto la brutalidad como la recurrencia de acciones violentas contra la población civil, resaltando la urgencia de atención y prevención en los territorios más afectados.
Por otra parte, el término “gobernanza paralela” alude al control impuesto por organizaciones armadas ilegales, que definen normas ajenas al Estado, limitan la movilidad y dictan condiciones de vida, opacando el accionar de las instituciones legales. Explicar estos términos ayuda a dimensionar el verdadero alcance de la problemática y la complejidad de la búsqueda de soluciones duraderas en las zonas más golpeadas del país.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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