Luego de que el Gobierno criticara en días pasados las cifras que estaba manejando la Oficina de la Ata Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, a cargo de Michelle Bachelet, se conoció el nuevo pronunciamiento.

Este viernes, Marta Lucía Ramírez tuvo una reunión con Juliette de Riveros, representante de dicha oficina, para impulsar el trabajo de Colombia por la defensa de los derechos de los ciudadanos.

Después de eso, la funcionaria expresó que desde el 28 de abril, cuando comenzó el paro nacional, se han registrado 12.057 manifestaciones, protestas, encuentros y marchas ciudadanas, y que de ellas en 1.553 casos se ha necesitado la intervención de la Policía.

“Como hemos dicho y lo ha repetido el presidente, cualquier caso individual de violación de los derechos humanos por parte de un miembro de la Fuerza Pública, cualquier abuso de autoridad que se compruebe que ha cometido uno de sus miembros, tendrá las sanciones correspondientes”, preció Ramírez, y luego dio detalles de las muertes:

“Por eso es tan importante que se estén adelantando en la justicia ordinaria las investigaciones del caso. Hoy tenemos ya 25 casos de personas fallecidas en el marco de la protesta, hay cuatro homicidios que están totalmente esclarecidos y tres de ellos, desafortunadamente, tienen la participación de miembros de la Policía Nacional”.

Para la vicepresidenta, son situaciones “dolorosas”, pero que algunos de esos crímenes se hayan esclarecido demuestra que en “el Estado colombiano, no hay y no habrá, por ningún motivo, tolerancia frente a ningún caso de violación de los Derechos Humanos“.

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No obstante, en la última semana se conocieron dos nuevos casos de muertes que se le atribuyen a excesos del Esmad, aún sin confirmar, pues las víctimas murieron por fuertes impactos de objetos en medio de enfrentamientos con ese grupo policial.

El primero de ellos fue el de Jaime Alonso Fandiño, de 32 años, en la localidad de Usme, el pasado 21 de junio, y el segundo caso fue un día después cuando Cristian David Castillo perdió la vida a sus 23 años en la localidad de Suba.

Pero mientras las investigaciones esclarecen los responsables de las más recientes muertes en Bogotá, Ramírez le pidió a la ONU “tener un gran cuidado con el manejo de las cifras”, y añadió:

“59 casos en los que la gente dice que se produjeron muertes relacionadas con la protesta, pues no son muertes que estén comprobadas, no son investigaciones que estén en este momento atribuidas a la Policía y por eso es importante la precisión en las cifras, utilizar las fuentes oficiales, […] de tal manera que nos concentremos en aquellas que está comprobado que se relacionan con las protestas”.

Por su parte, Juliette de Rivero enfatizó que le están dando seguimiento a la situación de Derechos Humanos en Colombia y destacó que “se estén investigando los casos que se han conocido de abuso por parte de la Fuerza Pública”.

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