Ante la medida de aseguramiento intramural en contra del alcalde de Armero-Guayabal, Medardo Ortega Fonseca, y las contundentes pruebas de la Fiscalía, el burgomaestre expresó su intención de hacer un preacuerdo para aceptar cargos.

Mediante la audiencia de imputación de formulación e imputación de cargos con solicitud de medida de aseguramiento, el 16 de agosto, el fiscal Juan Pablo Sepúlveda Villa, frente al proceso que se lleva en el Juzgado 65 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, compartió algunos audios con los que hace evidente los presuntos procesos ilícitos que se adelantaron.

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En los audios que se filtraron, se pueden escuchar conversaciones telefónicas donde Ortega Fonseca presuntamente solicitaba pólizas falsas para adelantar varios procesos de contratación e hizo referencia a algunas consignaciones.

Asimismo, se evidenció que el implicado sabía que se le habían interceptado las llamadas, ya que lo expuso durante una conversación. Además, constantemente usó otras líneas telefónicas como la de su asistente Valentina Ramírez, el de su escolta entre otros funcionarios, supuestamente para evadir el proceso de monitoreo que adelanta la justicia.  

“Su señoría. De las comunicaciones antes escuchadas entre Medardo Ortega y Valentina Ramírez, una de sus funcionarias de la Alcaldía y de alta confianza (…) refiere que tiene el teléfono chuzado, estamos hablando del 23 de agosto del 2021, efectivamente su señoría por esos días la Fiscalía había iniciado el monitoreo de la línea (…)”.

“Entonces, es importante tener en cuenta que esta persona definitivamente logra de alguna forma evadir a la administración de justicia para efectos de escuchar las conversaciones que en términos generales y dando cuenta de su gestión, perfectamente se hubiesen podido desenvolver de la manera más normal posible”, sostuvo Sepúlveda Villa.

Todo lo anterior, llamó la atención de la entidad investigadora que viene detrás de los vinculados con la red del excongresista liberal Mario Castaño, donde se dedicarían a gestionar contratos ilícitos a cambio de dádivas.

El municipio Armero-Guayabal fue vinculado por el proyecto ‘Sacúdete’ que se presentó ante Mininterior en el 2020 y en el que hay unos recursos del municipio implicados, pero aún no se conoce de cuánto son las pérdidas.

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Estos hechos y algunos que la Fiscalía tiene pendientes por exponer, llevaron al abogado Gustavo Osorio a recomendarle a su cliente aceptar los cargos que se le imputan por los delitos de cohecho e interés ilícito en la celebración de contratos y llegar a un preacuerdo.

Gustavo Osorio, ante algunos medios de comunicación, comentó que la idea es tener un descuento hasta de la mitad de la pena, por ello van a adelantar los trámites necesarios, pero hizo salvedad en que el preacuerdo, “no implica velación ni implica la entrega de información”.

Por otro lado, ante los quebrantos de salud del burgomaestre, índices de tensión arterial y de glucosa en sangre elevados, el abogado intentó negociar la aprehensión domiciliaria pero fue rechazada.

Cabe resaltar que antes de que el juez tomara una decisión respecto a la aprehensión del implicado el fiscal expresó, “causa mucha extrañeza que para efectos de realizar este tipo de actuaciones (firmar convenio con el Ministerio del Interior), el señor Medardo se desplace sin ningún tipo de problema (Bogotá) pero para dar cara a la administración de justicia existan de alguna forma talanqueras para que él pueda responder”.

Lo que da a entender que Medardo Ortega podría obstruir la justicia y su aseguramiento intramural en el complejo carcelario de Picaleña, en el patio de servidores públicos sea necesario.

Con la captura del mandatario, la secretaria de Gobierno, María Camila Lozano, quedó como alcaldesa encargada; el gobernador del Tolima, de acuerdo a una terna que se le enviará, deberá asignar un alcalde que termine la vigencia 2020 – 2023; debe ser del partido político que le dio el aval principal a Ortega en las elecciones. Ya que contó con apoyo de los partidos la U y Liberal.

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Esta redacción dialogó con el presidente del Concejo de Armero-Guayabal, José Yesid Fernández, quien sostuvo que para él y otras personas la captura del mandatario no había sido sorpresa, ya que en junio le había pedido a Ortega que desmintiera ante los medios su vinculación en la red, pero no pasó.

“Esperamos primero que contribuya a esclarecer estos hechos de corrupción y que le caiga el peso de la ley a quienes estuvieron contribuyendo en el proceso”, puntualizó Yesid Fernández.

Igualmente, sostuvo que la idea era tener una reunión con la alcaldesa (e) y los concejales para vislumbrar el panorama del municipio y así adelantar las acciones necesarias porque, “alcaldes van y vienen, concejales van y vienen, pero la Alcaldía de Armero debe seguir funcionando, debe seguir ejecutando buenos procesos y prácticas administrativas para que se evidencie que así el burgomaestre haya tomado malas decisiones o concernientes a recibir coimas, en esta administración provisional logremos demostrar que se pueden hacer las cosas sin esos procesos que en este momento enlodan al municipio”, acotó el presidente del Concejo.

Consideraciones Código Penal 

Lo estipulado en el artículo 405 de este documento establece que, el servidor público implicado en Cohecho, incurrirá en prisión de 80 a 144 meses, multa de 66.66 a 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de 80 a 144 meses.

En el artículo 409 el interés indebido en la celebración de contratos conlleva a prisión de 64 a 216 meses, multa de 66.66 a 300 salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de 80 a 216 meses.

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Salpicados

En los audios revelados en la audiencia se mencionan o escuchan la voz de varios funcionarios públicos que podrían tener relación con la red o conocer las actividades de está, algunos de los mencionados fueron:

El excongresista Jaime Yepes; Nohora Ramírez, diputada del partido Liberal que actualmente está en el Pacto Histórico; Pierre García, quien fue director de Prosperidad Social y perteneciente al partido Centro Democrático. 

Por otro lado, se habló de la mamá del expresidente Iván Duque, Juliana Márquez.