Tras el maremoto político desatado en Perú, congresistas de izquierda y derecha repudian el golpe de Estado efectuado por Pedro Castillo, el intento de disolver el Congreso, la imposición del toque de queda y demás decisiones que en menos cuatro horas tomó el ahora expresidente, detenido por las autoridades peruanas por el delito de sedición en flagrancia en su presunto intento por romper el orden constitucional de su país.

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Desde el Centro Democrático, la senadora María Fernanda Cabal manifestó que desde Colombia rodean a los parlamentarios que, con 101 votos, aprobaron destituir a Castillo. “Pedimos al Ejército de ese país, que siempre ha sido anticomunista, que respalde las instituciones y la democracia”, indicó en un video.

Mientras Cabal daba su declaración, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional de Perú anunciaban que respetarían el orden constitucional, es decir, que no respaldaban a Castillo.

Por otro lado, el senador David Luna, de Cambio Radical, calificó como “vergonzoso” lo ocurrido en la nación sudamericana. En Colombia, más allá de las diferencias, siempre se deben respetar las instituciones y la democracia”, dijo.

Tanto Luna como la senadora Angélica Lozano, de la Alianza Verde, solicitaron al presidente Gustavo Petro que rechazara las decisiones de su entonces homólogo peruano.

“Presidente, este abuso debe ser rechazado directa y públicamente por usted”, expresó Luna. Por su lado, Lozano comentó que: “Presidente, el golpista Pedro Castillo no amerita trato especial ni deferente de parte de nuestro gobierno. La relación internacional debe ser estrictamente necesaria por intereses ciudadanos e institucionales mutuos. Clave Repudiar el comportamiento antidemocrático”.

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Las peticiones de los legisladores responden a que, hasta la hora de esta publicación, el jefe de Estado no había musitado palabra alguna sobre los hechos acontecidos en Perú. Petro no se ha manifestado públicamente al respecto: no lo ha hecho por sus redes sociales y tampoco pronuncio rechazo este martes en Buenaventura, lugar en que el Gobierno adelantaba diálogos con bandas criminales.

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