El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad.
El liderazgo social en los Montes de María, una región impactada de forma persistente por la violencia, significa luchar cada día por la preservación de los derechos y la dignidad de las mujeres. Así lo vive una lideresa que, desde hace más de dos décadas, impulsa la Asociación Mujeres Sembrando Vida, una organización que ha acompañado a más de 400 mujeres sobrevivientes de violencias basadas en género. Su trabajo se basa en una reconstrucción colectiva del bienestar y el empoderamiento, guiando a estas mujeres no solo hacia la sanación individual, sino también hacia la conquista de sus derechos fundamentales.
El origen de este liderazgo adquiere profundidad en el contexto del conflicto armado colombiano, cuando, a los 14 años, en el corregimiento de El Salado (Bolívar), la lideresa enfrentó de manera directa una de las múltiples formas de violencia que afectan a miles de mujeres en el país. A pesar del intento de arrebatarle la dignidad, la experiencia la transformó en sobreviviente, no en víctima. Su testimonio, citado en El Espectador, es reflejo de la fortaleza y la decisión de permanecer en pie y servir de acompañamiento a quienes han vivido en silencio experiencias similares.
El trabajo de la Asociación Mujeres Sembrando Vida es una respuesta activa frente al abandono estatal en los Montes de María. A través de iniciativas y acompañamientos en zonas rurales, la organización recorre veredas y corregimientos para llevar información, acompañamiento y herramientas que fortalezcan la toma de decisiones autónomas sobre el cuerpo y el destino de cada mujer. Este proceso alcanza también a mujeres privadas de la libertad, a quienes ejercen actividades sexuales pagas, y a niñas y adolescentes, según información citada por El Espectador.
La construcción de la paz, subraya la lideresa, se expresa en hechos concretos: abrir espacios de diálogo en escuelas, crear actividades como “Desayunos por la Vida”, desarrollar procesos como “Tejiendo Autonomía”, y fomentar la confianza en comunidades afectadas por la guerra. Estas acciones permiten hablar abiertamente sobre derechos sexuales y reproductivos, reconociendo la importancia de fortalecer la voz de las mujeres en territorios históricamente silenciados.
No obstante, la carga que asumen las organizaciones sociales suele ser excesiva. Muchas veces, ante la ausencia o lentitud de la respuesta estatal, son ellas quienes acompañan el acceso a la justicia, activan rutas de atención ante las violencias y lideran brigadas de salud, incluyendo casos de acompañamiento en decisiones como la interrupción voluntaria del embarazo. El Espectador destaca que estas labores no deberían recaer únicamente sobre ellas, advirtiendo que el Estado llega tarde o simplemente no llega a estos territorios, una situación que exige un llamado urgente a la acción.
La responsabilidad de proteger y garantizar los derechos humanos, así como de brindar condiciones para una vida digna, recae en el Estado colombiano. La lideresa relata haber sido amenazada e intentada silenciar en distintas ocasiones, exigiendo que las autoridades tomen medidas para proteger a quienes, como ella, defienden los derechos humanos. Sin embargo, la fuerza del trabajo colectivo y la construcción de memoria siguen siendo pilares para evitar la repetición de la violencia.
Recordar a las víctimas en fechas como el 9 de abril es también reafirmar el compromiso con la transformación y la autonomía de las mujeres. La lucha liderada desde los Montes de María es el reflejo de una resistencia colectiva enfocada en cambiar realidades y sostener la vida en dignidad para todas, como señala El Espectador.
¿Cuáles son los desafíos para acceder a la justicia en los Montes de María?
En los Montes de María, la ausencia o demora del Estado colombiano representa una de las principales barreras para que las mujeres víctimas de violencia puedan acceder de manera efectiva a la justicia. De acuerdo con la información de El Espectador, son las organizaciones sociales quienes suelen acompañar, activar rutas de atención y apoyar los procesos judiciales, lo que agrega una carga significativa a estas lideresas.
El contexto de conflicto armado y violencia de género en la región hace que acudir a la justicia no solo implique superar obstáculos logísticos, sino también enfrentar riesgos reales a la seguridad personal. Así, la protección y garantía de derechos para las defensoras y víctimas requiere la presencia efectiva del Estado y una respuesta inmediata ante cada caso, cuestiones que aún están lejos de cumplirse cabalmente en los Montes de María.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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