En un lapso de 34 días el gobierno de Gustavo Petro perdió a dos funcionarias con perfiles técnicos que tenían la tarea de acompañar los cambios que, desde que él era candidato a la presidencia, le propuso al país.

Lo cierto es que esas reformas estructurales sugieren un trabajo complejo y, según dieron a entender las exviceministras de Energía, Belizza Ruiz, y de Empleo y Pensiones, Flor Esther Salazar, sus renuncias responden a diferencias de criterio con sus jefes inmediatos. La dimisión más fresca es la de Salazar, quien solo estuvo 30 días en el cargo y tenía la responsabilidad de liderar la construcción de la reforma pensional.

(Le puede interesar: Eln “no ha entendido” la “paz total” de Petro, asegura el jefe negociador del Gobierno)

Esta iniciativa apunta a una renovación en el Sistema General de Pensiones (SGP) que ahora se basaría en tres pilares: el contributivo, el solidario y el voluntario. Según la propuesta anticipada por el Gobierno, todos los afiliados a los fondos de pensiones tendrían que ahorrar al menos una parte en Colpensiones.

El presidente Petro ha señalado que con esta estrategia se liberarían los recursos para darle un bono pensional por medio salario mínimo a cerca de tres millones de adultos mayores.

En torno a esta reforma se desató un acalorado debate entre técnicos, gremios y Gobierno, pues hay varios riesgos que los críticos observan: el primero, el sistema de reparto utilizado por Colpensiones sería inviable en el futuro debido al envejecimiento poblacional; y el segundo, marchitar los recursos que custodian los fondos dejaría al Estado colombiano sin una de sus principales fuentes de crédito (ver Paréntesis).

Alerta amarilla

En ese orden de ideas, Flor Esther Salazar compartió una carta en la que no ocultó sus preocupaciones con la estructuración de la reforma pensional: “La premura de presentar una reforma con tantas implicaciones para la población y para la situación fiscal del Estado colombiano me causaba preocupación y por eso planteé la necesidad de contar con un buen equipo técnico”.

(Vea también: Disidencias no cumplen: informe de cese al fuego les contabiliza decenas de violaciones)

“Sin embargo —añadió— no conté con el equipo necesario para trabajar en el diseño, estructuración, definiciones y elaboración del proyecto de ley (…) Espero que ahora, por el bien del país, se tomen los correctivos necesarios”.

Unas líneas antes, afirmó que el proceso se estaba manejando “de manera poco responsable” y señaló que, a su llegada el pasado 3 de enero, “se había realizado una reunión temática de la Subcomisión Intersectorial de Reforma Pensional, sin que se tuviese ningún insumo técnico ni un borrador con el articulado de la reforma”.

Al conocer la noticia, el exministro de Hacienda, Juan Camilo Restrepo, comentó que “la contundente motivación de la renuncia demuestra la superficialidad e improvisación con la que este gobierno está manejando temas tan delicados como el del futuro pensional de Colombia”.

Así mismo, Andrés Pardo, quien llegó a desempeñarse como viceministro de Hacienda, también se alertó con la salida y resaltó que las críticas que le ha hecho en el pasado a la reforma “no son por llevar la contraria. Es un tema muy delicado”.

Con ello en mente, el proyecto de reforma que se presentará ante el Congreso, a juicio de los expertos en finanzas públicas, deberá tomarse con pinzas o tomarse más tiempo en la elaboración.

Lee También

La novela energética

En otro frente del Gobierno, la fricción entre servidores fue más directa y la opinión pública fue testigo del choque entre Irene Vélez, ministra de Minas y Energía, y Belizza Ruiz, exviceministra de Energía.

A Ruiz le aceptaron la renuncia el pasado 28 de enero. Pero antes de eso, se supo que tenía serías diferencias con Vélez respecto a varios temas que le competen a esa cartera.

El clímax de este cruce llegó cuando Vélez presentó un cuestionado estudio en el que duplicó las reservas de gas con las que puede contar el país.

En ese polémico texto, la ministra metió en una misma canasta las reservas probadas, posibles y probables de gas, una cuenta que le daba autosuficiencia hasta 2032. Con ese documento, la idea era sustentar que Colombia no necesita firmar nuevos contratos de exploración y explotación gasífera y petrolera.

Pero Armando Zamora, quien estuvo 11 años al frente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), contradijo ese documento y precisó que al salir de la entidad, en septiembre del año pasado, entregó un informe basado en las métricas entregadas por las empresas del sector, en el que se dejaba claro que el país tendría que firmar unos 200 contratos de exploración adicionales para mantener su soberanía energética hasta 2040.

Una vez los expertos pusieron en entredicho las cuentas de Irene Vélez, Belizza Ruiz aseguró que nunca participó en la elaboración del estudio y pidió que retiraran su nombre del grupo de firmantes. En una entrevista con Cambio, denunció además que en el Ministerio de Minas detectó prácticas irregulares.

(Vea también: Subsidio a la nómina en Colombia, otro beneficio que el Gobierno quiere extender)

“Cuando pido una explicación de ese asunto, la forma cómo se aborda el tema no es la adecuada. O sea, básicamente soy una entrometida, siendo la (entonces) viceministra de Energía, al cuestionar que en las juntas no debe haber personas que estén por fuera del Ministerio”, comentó.

Y concluyó: “Creo que el presidente tomó decisiones equivocadas, porque lo que estamos viendo en el ministerio efectivamente fue un error, pero no por nombrar a una persona no técnica, el error es cuando la persona es incapaz de aceptar que debe ser humilde en el sentido de trabajar con la gente que tiene el conocimiento”.

Se necesita certeza

En medio de todo el movimiento que se ha generado con los proyectos de reforma (laboral, pensional, a la salud y etc), Bruce Mac Master, presidente de la Andi, dijo en una entrevista con este diario que el gremio estuvo en unas 48 reuniones en las que se deliberó sobre el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y finalmente no le compartieron el articulado que ya se radicó ante el Congreso.

“Sucedió con la reforma tributaria en la que a pesar de que se habían dado unas discusiones más o menos amplias, el 8 de agosto se radicó el proyecto de ley. Y nos está pasando, en este momento, con la reforma de la salud, pero no conocemos el texto que será radicado”, mencionó.

En línea con ello, insistió en que es necesario conversar con el Gobierno y abogó por mantener la confianza que se ha construido por años en el país: “El Gobierno debería preocuparse por generarle ambiente de confianza a los empresarios. En la medida en que tengamos empresarios más tranquilos (…) vamos a tener más inversión y más actividad, y lo que es más importante, van a ser capaces de generar más empleo”