Un grupo de extrabajadores de Cerrejón (La Guajira), que salieron de la compañía hace más de 20 meses, están bloqueando la línea férrea desde el pasado martes 8 de noviembre.

Los extrabajadores están exigiendo, con vías de hecho, ser reintegrados de manera inmediata, con salario retroactivo desde que salieron de la empresa.

(Vea también: Alertan desabastecimiento de combustibles y alimentos por bloqueos en el río Magdalena)

Según Cerrejón, piden “una indemnización mayor a lo establecido en la Ley y a los beneficios extraordinarios que ofreció la empresa a la terminación de los contratos de trabajo”.

Por su lado, las personas despedidas, que hoy se autodenominan como ‘F-23’, dicen que quieren negociar y que no levantarán los bloqueos hasta que se acerquen las autoridades.

“Estos compañeros que estamos acá representamos 226 trabajadores que fuimos masacrados laboralmente, despedidos de la empresa sin justa causa. Por eso hacemos un llamado a los administradores de Cerrejón y los demás entes gubernamentales que se acerquen para buscar una salida viable a este conflicto que hoy nos tiene parados en esta línea hasta que ellos quieran”, señaló uno de los líderes de la protesta.

Plan de retiro

Acusando de injusto el despido, los extrabajadores nunca aceptaron las condiciones de Cerrejón, que inició un plan de reajuste ante la crisis del 2021.

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En su momento, Cerrejón ofreció un plan de retiro voluntario, sin embargo, no aceptaron. “Somos una compañía abierta al diálogo, como lo hemos demostrado con estas personas desde hace varios meses, pero nos hemos encontrado con un reducido grupo de personas que están haciendo exigencias irrazonables mientras llevan a cabo un bloqueo ilegal de la operación”, señaló Luis Eduardo Marulanda, vicepresidente de Asuntos Públicos y Comunicaciones.

Según la empresa, este bloqueo, que impide el transporte de carbón entre la mina y Puerto Bolívar, supone una pérdida diaria para el Estado colombiano “de más de 22.000 millones de pesos, en concepto de impuesto sobre la renta, una cifra que se incrementará si se detiene la producción de carbón. Además, de no solucionarse en el corto plazo, se está amenazando la estabilidad laboral de más de 11.000 personas, entre trabajadores directos y contratistas”.

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