El pasado 25 de agosto, el Ejército Nacional dio a conocer el listado oficial de los militares que conformarán la cúpula en el gobierno de Gustavo Petro.
Entre los nombres está el general Juan Carlos Correa Consuegra, quien fue el comandante división de Aviación y Asalto Aéreo del Ejército cuando se cometió el operativo militar en la vereda Alto Remanso (Puerto Leguízamo, Putumayo) el pasado 28 de marzo, y la general María Paulina Leguizamón Zárate, subjefa jurídica del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares.
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Ambos uniformados estuvieron en la vereda Alto Remanso una semana después de los hechos y fueron de los voceros que entregaron las declaraciones a medios de comunicación sobre el polémico operativo entre el Ejército, la Armada Nacional y Fuerza Aérea que cobró la vida de civiles en medio de un bazar comunitario, tal como lo reporteó este diario, en alianza con Vorágine y Revista Cambio.
El general Correa Consuegra fue nombrado Inspector General del Ejército Nacional, cargo en el que deberá verificar, evaluar y hacer seguimiento a los procesos, operativos y actividades de la doctrina militar.
El militar viene de ocupar la comandancia de la división de Aviación y Asalto Aéreo desde donde también comandó parte del operativo en el que participó la Fuerza Aérea.
Este militar fue el vocero que designó el Ejército Nacional para hablar sobre ese caso y en las entrevistas que entregó a medios de comunicación negó la presencia de civiles en el operativo.
En rueda de prensa aseguró que “había más o menos 15 hombres con armas largas para tratar de asesinar a nuestros soldados”. Sin embargo, varias de sus afirmaciones fueron cambiando: seis días después, en la entrevista con Caracol Radio, aseguró que eran seis (ya no 14) los hombres armados que identificaron.
Las contradicciones de Correa en el caso Putumayo
Su nombramiento es polémico, especialmente, por las contradicciones e inconsistencias en su discurso ante los medios de comunicación por ese caso.
El general Juan Carlos Correa, en entrevista con La W, mencionó que una de las víctimas mortales del operativo (Ana María Sarrias), una mujer embarazada, “empezó a quitarle el material de guerra al personal (de las disidencias de las Farc) que estaba muerto y luego lo tiró al río”.
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Su versión no coincidió con la que entregó el general Eduardo Enrique Zapateiro, excomandante del Ejército, que aseguró en Noticias RCN el 11 de abril que esa mujer era combatiente y “estaba en la línea de muerte”.
El general Correa fue, de hecho, quien explicó que el operativo tenía como objetivo dar con el paradero de Carlos Emilio Loaiza Quiñónez, conocido como ‘Bruno’, y otro comandante conocido en la guerra como ‘Managua’.
Ambos serían, según las autoridades, jefes del frente 48. Otra de sus salidas en falso ante medios de comunicación se dio cuando intentó explicar las labores de inteligencia militar que hicieron para dar con el paradero de ambos disidentes.
“Al momento de la operación, se estima que ‘Bruno’ estaba en el lugar (…) posteriormente, con inteligencia militar, nos enteramos que él salió desde la noche anterior”. Sin embargo, una fuente del Ministerio de Defensa señaló que no hubo claridad de la salida del jefe de finanzas una noche antes del operativo, “los militares vieron que salió una lancha con base de coca, pero el informe no dice que ahí haya salido Bruno”.
Esa misma fuente del Ministerio de Defensa señaló que el Ejército, al llegar a la vereda, observó a tres hombres armados que intentaron montarse a una lancha, por lo que las fuerzas especiales pidieron “permiso para lanzar el operativo y atacar”.
Esa versión tampoco coincidió con las declaraciones dadas por Correa sobre este mismo asunto en Caracol Radio, cuando negó que el Ejército hubiese comenzado el enfrentamiento. “En el momento del combate empiezan a dispararnos miembros de esta estructura armada. Dispararon de forma indiscriminada hacia todas las direcciones”.
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Este diario tuvo acceso, en su momento, a las actas de inspección técnica a cadáver diligenciadas por el CTI de los cuerpos de las once víctimas. La información que allí quedó consignada tampoco coincide con la que entregó el general Correa en su entrevista en Caracol Radio, en la que afirma que, después de “dos horas de combate nutrido no pudimos insertar los helicópteros (…), por eso coordinamos con la Infantería de Marina para asegurar el sitio. A las 9:40 a. m., cuando el fuego bajó, el área fue asegurada”. Sin embargo, en los documentos de policía judicial negaron haber recibido el lugar asegurado.
Otros generales ratificados
María Paulina Leguizamón y Óscar Alexander Tobar Soler, dos de los generales que arribaron al Alto Remanso cinco días después de los hechos, en compañía del general Correa, fueron ratificados en la nueva cúpula del gobierno Petro.
La general Leguizamón ocupará el mismo cargo que venía desempeñando en la Subdirección Jurídica de las Fuerzas Militares, en la que cumplirá la función de revisar las reglas del uso de la fuerza para los operativos militares, entre otras.
El general Tobar Soler, quien era el Jefe del Departamento Jurídico Integral del Ejército, ahora pasará a ser el Jefe de Estado Mayor Generador de Fuerza, encargado de dirigir la política de reclutamiento del Ejército, el servicio militar obligatorio y la definición de la situación militar.
Ambos uniformados visitaron la vereda Alto Remanso y participaron de las ruedas de prensa en las que explicaban la minuta del operativo militar, negando la presencia de civiles en el terreno.
Uno de los representantes de las víctimas le confirmó a este diario que se abrirían investigaciones en la Justicia Penal Militar por este caso. La general Leguizamón estaría en esta dependencia del Ejército y asumiría la defensa jurídica de algunos de los militares involucrados.
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