La exministra Karen Abudinen no es víctima en el expediente penal por el escándalo del Ministerio de las TIC y la unión temporal Centros Poblados, por el fallido contrato, de 2020, que buscaba llevar Internet a niños de zonas rurales de Colombia.
Así lo determinó la jueza 59 penal de Circuito de Bogotá, en medio de la audiencia de acusación contra el agente de seguros Juan José Laverde, quien es investigado por presuntamente gestionar la garantía bancaria falsa que dio origen al escándalo.
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Durante la audiencia, el juez del caso escuchó las voces de quienes solicitan ser declarados víctimas durante el proceso. Entre ellos, la Contraloría y la exministra de las Tecnologías y de la Información, Karen Abudinen, quien aseguró verse afectada por las supuestas maniobras de Centros Poblados para quedarse con el contrato. Explicó que su carrera quedó manchada y que, como jefe de cartera, denunció los hechos.
“He tenido un daño real y concreto, su majestad. Por culpa del hecho criminal tuve que renunciar al Ministerio, fui llamada a una moción de censura. Mi carrera no es solo lo reputacional, sino lo personal. A mí no me interesa el restablecimiento económico. Yo estoy aquí porque me han afectado como persona, como profesional, como familia. El daño es concreto. Dígame usted ¿Quién podría contratar a una persona que supuestamente, aparte de denunciar, participó de un entramado?”, dijo.
No obstante, la jueza de Circuito de Bogotá consideró que la defensa judicial de Abudinen no acreditó la supuesta afectación. A pesar de ello, le dio una oportunidad para que, ante el Tribunal Superior de Bogotá, exponga de nuevo sus argumentos para obtener luz verde en su petición. Luego de ello, la jueza avaló la solicitud de la fiduciaria de BBVA, la cual también solicitó ser víctima durante lo que viene del expediente.
El caso Mintic
La génesis del escándalo de Mintic radica en el contrato 1043 de 2020. A través del acuerdo público, que preveía una inversión de hasta $1,7 billones, se esperaba la construcción de 7.000 centros digitales en zonas rurales de Colombia. El Ministerio abrió una licitación que, a la final, ganó la Unión Temporal Centros Poblados, que aparentemente contaba con la experiencia y la capacidad de cuatro empresas para brindar el servicio de internet en la periferia del país.
Para cumplir su misión, Centros Poblados recibió un anticipo de $70.000 millones para adquirir los elementos básicos del ambicioso proyecto y empezar la construcción de los centros digitales. Sin embargo, todo salió mal desde que el gobierno entregó la plata. Pasaron meses y los niños a favorecer no veían un solo edificio. Algunas obras, incluso, parecían quedarse en las meras bases.
El 19 de julio de 2021, el propio Mintic caducó el contrato y las miradas cayeron sobre el exjefa de cartera, Karen Abudinen, quien renunció a su puesto el año pasado luego de solicitud presidencial.
La investigación periodística pronto arrojó resultados relevantes y que permiten concluir que hubo un episodio de corrupción. El Mintic caducó el contrato, entre otras cosas, porque el banco Itaú informó que Centros Poblados presentó una garantía bancaria falsa, con la cual pudo soportar la seriedad de su oferta.
No obstante, tal información salió a la luz muchos meses después de que se firmara el contrato, por lo cual la Procuraduría avanza en un expediente disciplinario contra integrantes del Ministerio por omisión de funciones. La Fiscalía, por su parte, considera que estos últimos fueron engañados.
El expediente penal, por su parte, vinculó pronto al caso al conocido ‘zar de la contratación’ Emilio Tapia, quien tiene en su historial una condena por participar en el carrusel de la contratación de Bogotá, en la alcaldía de Samuel Moreno.
Esta vez, está imputado por, al parecer, ser el real manejador de las empresas que conformaron Centros Poblados y que, con documentación falsa, lograron hacerse con el billonario acuerdo de internet rural. Son procesados el representante legal Luis Fernando Duque y el agente de seguros Juan José Laverde, a quien se lo acusa de gestionar la garantía bancaria falsa.
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