El escrito en el que el organismo investigador acusa a Rodolfo Hernández fue presentado, según Blu Radio, el pasado 4 de agosto de 2020, y se espera ahora que la Fiscalía anuncie la fecha en que arrancará el juicio por la presunta participación en la celebración indebida de contratos.

El caso que hoy tiene en problemas con la justicia a Hernández se remonta a unos 3 años atrás cuando, de acuerdo con la Fiscalía, el entonces alcalde “habría ejercido su poder supuestamente para direccionar el otorgamiento del contrato de consultoría 096 de 2016, por un valor de 336 millones de pesos, al ingeniero Jorge Hernán Alarcón Ayala, quien finalmente fue escogido como contratista”.

El contrato fue suscrito por la Empresa de Aseo de Bucaramanga (Emab) y tenía como objeto una asesoría sobre el procedimiento para el manejo de las basuras en el relleno El Carrasco, y la investigación apunta a que Alarcón Ayala era el encargado de reestructurar el proceso para seleccionar a la empresa que se encargaría de ese trabajo.

En este asunto también figura el nombre del hijo de Rodolfo Hernández, Luis Carlos Oliveros, y la emisora asegura que él “aceptó que firmó el contrato de corretaje” con el contratista de la Emab, y con el empresario Luis Andelfo Trujillo, que figuraba como intermediario de la firma Vitalogic. Esta empresa era la que estaba detrás de un millonario contrato para el manejo de residuos.

La firma de ese corretaje tendría como fin el de cobrar una comisión si la Emab cerraba el negocio con quienes promovían la tecnología que ofrecía Vitalogic, y así se lo confirmó Trujillo a investigadores de la Procuraduría en 2019.

De hecho, en un informe que presentó Noticias Caracol, en ese momento, Trujillo dijo que ellos obtenían información privilegiada del proceso de contratación a través del hijo del exalcalde.