El llamado del organismo de control se dio a conocer el pasado 20 de mayo, por medio de un comunicado, y allí se dice que los involucrados en el proceso son dos generales, cinco coroneles, tres mayores, un teniente y dos suboficiales.

La razón: que los militares tendrán que responder por la “presunta recolección de información de carácter personal e íntimo de periodistas nacionales y extranjeros, integrantes de organizaciones sindicales, ONG, políticos y congresistas”.

Varios de estos militares estaban adscritos a la jefatura del Estado Mayor de operaciones y a los batallones de Inteligencia militar y de Ciberinteligencia. Este último fue el del escándalo de los perfilamientos que reveló la Revista Semana.

Pero en el informe de la Procuraduría hay un dato que llama poderosamente la atención, y es que varios de esos militares habrían usado “labores de inteligencia que favorecerían a un funcionario de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian)”, infracción que fue catalogada “como gravísima a título de dolo”.

De hecho, el organismo especifica que este caso se registró en noviembre de 2019, y que la orden fue desplazar “personal del batallón de Ciberinteligencia” hasta la entidad para adelantar supuestas interceptaciones con sofisticados equipos militares.

Si bien la Procuraduría no entregó más detalles de los hechos, El Tiempo dice que en el expediente del caso figuran unos testimonios que indican que “una funcionaria de la Dian llevó un computador portátil, al parecer institucional, y expuso a los militares un correo electrónico con un video en el que se veía a una mujer realizando actos “inusuales” que los técnicos identificaron como sucesos de santería y brujería”.

Además, el medio dice que estos rituales tendrían que ver “con una posible relación sentimental con un director”, y que esa hipótesis se desprende de los “comentarios que se escuchaban en el video”.

Pero, ¿quién dio la orden de adelantar ese procedimiento? Pues el periódico afirma que aunque los técnicos indicados se habrían negado a hacer este trabajo por considerar que era ajeno a sus funciones, un día después, de acuerdo con los testimonios, recibieron la orden de actuar directamente del “coronel Rozo”, con el visto bueno del “general García”, y que la directriz fue que esa información debía entregarse al “mayor Quintero”, que se encargaría de exponer los resultados a la persona en la Dian.

Finalmente, el medio identifica a los tres altos mandos involucrados en este caso como el general Gonzalo Ernesto García Luna, exjefe de inteligencia y quien pidió su retiro voluntario a comienzos de este mes; el coronel Milton Eugenio Rozo Delgado y el mayor Mauricio Quintero Arias, ambos llamados a calificar servicios.

Así las cosas, se espera que la próxima semana la Procuraduría ponga una fecha para que los militares se presenten y respondan por estas acusaciones.