La JEP dijo que el Ministerio de Defensa, el Ejército, la Policía, la Fiscalía y la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la propia JEP deben dar información sobre el paradero de Velásquez, a quien el pasado 25 de octubre se le abrió un “incidente de verificación” para determinar su cumplimiento con el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.

“La Sala de Reconocimiento también le ordenó al Ministerio de Defensa Nacional que presente, en un término de 10 días hábiles, la información de inteligencia sobre el posible reagrupamiento y retoma de armas de las estructuras que operaban bajo el mando de Velásquez Saldarriaga”, añadió la información.

En agosto pasado la JEP ya había abierto un “proceso de desacato” contra Velásquez ya que fue el único de los 31 excomandantes de la antigua guerrilla que no entregó informes sobre las actividades que estaba realizando para contribuir al esclarecimiento de los secuestros cometidos por las Farc.

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“En caso de que no sea posible establecer su ubicación, la UIA deberá determinar los lugares de ubicación conocidos o sitios que haya frecuentado Velásquez Saldarriaga desde el primero de diciembre de 2016 a la fecha”, detalla el comunicado.

Las autoridades y el propio partido Farc dicen desconocer el paradero de Velásquez, quien hasta agosto pasado lideraba en el caserío de Miravalle, que hace parte del municipio de San Vicente del Caguán, en el Caquetá, la reincorporación de exguerrilleros de la antigua columna Teófilo Forero que él encabezó.

La JEP ordenó además a la Comisión de Paz del Senado que presente en un término de 10 días hábiles, la información recaudada y el reporte final de la visita realizada que esa instancia hizo a Miravalle.

Finalmente, solicitó a la Misión de Verificación de Naciones Unidas en Colombia la información con la que cuente, como parte de su mandato de verificación, sobre el estado de implementación de las medidas de reincorporación de Velásquez.

En caso de que ‘el Paisa’ sea excluido del proceso, se someterá a la justicia ordinaria y no obtendrá ninguno de los beneficios jurídicos otorgados a los antiguos guerrilleros de las Farc.

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