La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) confirmó este miércoles que Marcos de Jesús Figueroa García “no tiene calidad de actor del conflicto armado”, informó RCN Radio.
Tal como estableció en una primera instancia, la JEP reconoció que cuando sucedieron los hechos por los que Figueroa está siendo investigado coexistieron las Farc y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en los departamentos caribeños de Magdalena, La Guajira y Cesar.
“Sin embargo, la JEP determinó que esto no implica que la banda criminal presuntamente liderada Figueroa García, en probable alianza con Juan Francisco Gómez Cerchar (exgobernador de La Guajira, mejor conocido como ‘Kiko’ Gómez), pudiera tener la calidad de actor del conflicto armado”, añadió la información.
El tribunal detalló que Figueroa solicitó el sometimiento el pasado 18 de octubre aduciendo que era líder de una organización criminal que participó “de todos los fenómenos de violencia en los departamentos de La Guajira, Cesar y Magdalena en el transcurso de los años 1995 al año 2014, y que había sido asociada presuntamente con las Farc y con las AUC”.
Su vínculo con José Guillermo ‘Ñeñe’ Hernández es lo que ha hecho que el escándalo de la ‘Ñeñepolítica’ no se base solamente en la presunta compra de votos de la que habla en las conversaciones interceptadas, sino que pone en tela de juicio a varios personajes de la política colombiana que se codeaban con él siendo un socio de narcos, incluido el presidente Duque. Por esa relación se le practicó extinción de dominio a sus bienes después de su muerte.
“Las conductas punibles desplegadas por Figueroa García tuvieron lugar en su presunta calidad de líder de una banda criminal dedicada a, entre otros delitos, contrabando de gasolina, tráfico de estupefacientes, secuestro, homicidios selectivos, amenazas, extorsiones, hurtos y masacres”, detalló la JEP.
“Marquitos” fue extraditado a Bogotá en abril de 2016 desde Manaos, en la Amazonía brasileña, por las autoridades de ese país, donde fue capturado en 2014. Se le acusa de ser líder de una organización criminal que operaba en los departamentos de Cesar y La Guajira y es investigado por cerca de 250 homicidios, entre ellos los de tres políticos, razones suficientes para que el Tribunal Supremo de Brasil decidiera extraditarlo.
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