La víctima es identificada en las imágenes como el líder campesino Julián Andrés Suárez y, aparentemente, una de las mujeres presentes de la comunidad les reclama a los soldados por manipular el cuerpo.
Los hechos, según la información entregada por el congresista, se presentaron en el cabildo indígena La Esperanza, en la vereda El Triunfo, ubicada en San Vicente del Caguán, Caquetá. Presuntamente, en la madrugada del 5 de marzo, agentes de Policía y miembros del Ejército Nacional irrumpieron en el cabildo, donde incineraron dos viviendas.
Según las fechas que incluye el senador en su video, al día siguiente, mientras miembros de la comunidad se movilizaban con el fin de obtener información acerca de los hechos y de las 5 personas desaparecidas que dejó dicha operación militar, fueron atacados y uno de los disparos del Ejército habría acabado con la vida de Suárez.
Sobre las grabaciones, que este medio se abstiene de compartir, Iván Cepeda pone un texto que llama la atención sobre lo que sucede una vez llegan los militares a donde está el cuerpo del hombre:
“Lo que llama particularmente la atención es cómo, pese a que la Corte Constitucional ha declarado en múltiples ocasiones que bajo ninguna circunstancia las Fuerzas Militares pueden realizar labores de Policía Judicial, en el video se muestra claramente a dos miembros del Ejército Nacional haciendo uso de guantes, manipulando el cuerpo y tomándole fotografías, en presencia de la comunidad indígena y de al menos otros 15 agentes militares”.
La incineración de estas viviendas, según el Ministro de Defensa, Diego Molano, es parte de la Operación Artemisa, que busca luchar contra la deforestación.
Asimismo, las autoridades militares alegan que un soldado del Ejército denunció anteriormente que fue detenido por los indígenas de esta comunidad, además de ser secuestrado y torturado en la Serranía de Chiribiquete.
Según las versiones de la Fiscalía, Reynaldo Quebrada Quilcué, gobernador indígena de esta comunidad, fue detenido por estos hechos.
No obstante, el senador argumentó que: “No hay ningún tipo de excusa ni justificación frente a lo que acabamos de ver. Nada justifica que hayan disparado contra personas desarmadas. En segundo lugar, no dejar intacto el cuerpo y arrestar a un líder para presentarlo como parte de una organización criminal”, manifestó Iván Cepeda.
De la misma manera, señaló que: “Es una mala práctica catalogar comunidades enteras como deforestadoras para atacarlas. Los individuos deben tener responsabilidad penal, pero catalogar comunidades de todo un corregimiento, como se ha venido haciendo, de manera infame como ocurrió en Puerto Leguizamo, como si todos fueran narcotraficantes, es algo que es absolutamente impresentable desde todo punto de vista”.
Finalmente, el senador Cepeda comentó que este caso se suma a los ‘falsos positivos‘ en Colombia.
Esta denuncia se da horas después de que se negara la moción de censura en la Cámara de Representantes al ministro Diego Molano, frente a las dudas de la operación militar realizada en Puerto Leguízamo (Putumayo), donde murieron 11 personas, entre ellas una mujer embarazada y un menor de edad.
LO ÚLTIMO
.svg)
