El anuncio lo hicieron los organismos en una rueda de prensa en la que anunciaron las primeras investigaciones por irregularidades en contratos para atender la pandemia en Colombia.
Las tres entidades recolectaron pruebas y adelantan procesos disciplinarios en varias gobernaciones para detectar posibles hechos de corrupción; dos mandatarios ya fueron suspendidos de sus cargos.
Pero en el marco de la investigación también determinaron que altos funcionarios del Gobierno fueron puestos bajo la lupa. Entre ellos, el Ministerio de Defensa y la Armada por sobrecostos en la compra de elementos de higiene.
Y, justamente, el ministro Zea por presuntas irregularidades en la Línea Especial de Crédito Colombia Agro Produce, que creó esa cartera para apoyar al campo durante la emergencia sanitaria.
Así lo anunció el fiscal general, Francisco Barbosa:
“Tenemos dos indagaciones preliminares abiertas de entidades del orden nacional. Departamento Nacional de Planeación y Finagro, en donde hay un aforado constitucional con una noticia preliminar abierta, que es el ministro de Agricultura”.
En primer lugar, eso significa que el funcionario no puede ser investigado por la Fiscalía, sino que el proceso será responsabilidad de la Corte Suprema de Justicia.
¿Cuál es el problema?
La Contraloría General, en cabeza de Felipe Córdoba, alertó que “grandes agroindustriales y comercializadores se quedan con la mayor parte de los recursos” que ascienden a la suma de 252 mil millones de pesos y, además, los “están utilizando en actividades no productivas”, citó El Espectador.
Eso representaría una desviación en el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro), pues “de los 226.000 millones de pesos colocados hasta el 8 de abril, 213.566 millones han quedado en los bolsillos de grandes comercializadores y agroindustriales, 8.300 millones han sido para medianos y solo 4.200 millones para pequeños productores”, reseñó el medio.
¿Cómo se destapó?
El organismo de control conoció que solo el 2 % de los créditos subsidiados llegaba a pequeños productores porque un campesino preocupado por los riesgos para su cadena productiva hizo una denuncia, en la que aseguró que apenas dos horas después de que comenzó a operar el crédito de Finagro los subsidios se agotaron en manos de grandes productores, señaló Blu Radio, que divulgó parte de la acusación:
“Es sospechoso que después de la apertura de la línea de crédito Finagro hubiese redescontado más de veinte créditos en un tiempo récord para asignarle a 20 grandes industrias del país, con ventas anuales entre 100.000 millones de pesos y 1.2 billones, subsidios que no los necesitaban y que debieron ser asignados a pequeños y medianos productores del campo”.
El denunciante asegura que se están aprovechando de la emergencia sanitaria para para “reducir los intereses y para pagar importaciones de alimentos y materias primas de otros países, perjudicando el empleo rural de miles de familias campesinas”.
¿Qué tiene que ver el ministro?
Fue Zea el que firmó la Resolución 001 de 2020 del 27 de marzo que fijó las reglas para ese crédito. Además, indicó El Tiempo, el presidente de Finagro, Dairo Estrada, afirmó que varios beneficiados ya reversaron el crédito para evitar un “desgaste reputacional”.
El funcionario le dijo al diario que están ajustando las políticas para garantizar “que el dinero sí va a donde debe ir”; pero la Fiscalía ya pidió que se investigue a estos funcionarios que “con apoyo de particulares” estarían comprometiendo recursos del patrimonio público al recibir beneficios sin cumplir las condiciones.
El procurador, Fernando Carrillo, calificó este y los otros hechos que destaparon como una “vergüenza, un descaro y una infamia jugar con recursos públicos de los colombianos en este momento” en el que muchas personas están en calamidad.
Estos son los anuncios de los tres jefes de control:
— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) April 24, 2020
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