El órgano de control atendió la queja presentada por la Red de Veedurías Ciudadanas ante supuestas irregularidades atinentes a la realización de cursos en el extranjero y la aparente recepción de condecoraciones sin el cumplimiento de los requisitos legales.

La Procuraduría ordenó la práctica de pruebas con el fin de verificar la ocurrencia de conductas presuntamente irregulares, determinar si son constitutivas de falta disciplinaria, y esclarecer los motivos determinantes de tiempo, modo y lugar en las que se pudieron cometer.

Esto, luego de que se conociera que son cerca de 900 millones de pesos los que se habrían pagado durante los últimos 2 años a algunos funcionarios de la entidad. En 2017, por ejemplo, fueron 5 capacitaciones, que tenían una duración entre 12 y 15 días, y que le costaron a la ciudad más de 400 millones de pesos.

Por otra parte, en el año 2018 se tramitaron 3 capacitaciones con la misma duración con un costo que sobrepasó los 300 millones de pesos, mientras que en el 2019 un curso quedó registrado con un valor de 84 millones.