La discusión se hizo en una audiencia pública de control político en la Cámara de Representantes sin la presencia de los representantes de Empresas Públicas de Medellín (EPM), que no asistieron, pese a que estaban citados.
Otros asistentes pidieron el apoyo del Gobierno porque los habitantes del bajo Cauca están muy afectados y muchos de ellos lo perdieron todo, y pidieron también trabajo de EPM y las autoridades porque se perdieron todos los productos de pancoger, lo mismo que la actividad pesquera, recordó la ANLA.
Ante los congresistas, la jefe de la oficina jurídica de la entidad, Olga Lí Romero, se refirió a los antecedentes de la licencia ambiental, el proceso de seguimiento del proyecto, las audiencias públicas, las modificaciones a la licencia, la adoptación de la medida preventiva y la formulación de cargos.
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Romero señaló que se han formulado nueve cargos, entre ellos, “por haber realizado prácticas inadecuadas respecto de las fuentes de agua superficiales del área de influencia de la obra, captación de recurso hídrico en caudales superiores a los concesionados y haber sobrepasado los niveles máximos permisibles de PST (material particulado) y contaminantes atmosféricos en la planta de asfalto ubicada en la zona industrial El Valle”.
La funcionaria agregó que la autoridad ambiental ya tiene tres de los procesos ad portas de un fallo, esto debido a que en Hidroituango se habrían taponado dos túneles sin ningún tipo de permiso, indicó RCN Radio.
Otras investigaciones son por la indebida disposición de escombros, ocupación de la ronda, aprovechamientos forestales que no estaban permitidos, entre otros, señaló Noticias Caracol.
Entre tanto, el delegado de la red de organizaciones sociales y campesinos del norte de Antioquia, Edwin Villegas, se quejó de la falta de atención por parte de los operadores y señaló que la asistencia económica y social ha sido mínima.
La ANLA además ordenó un estudio que “garantice que el proyecto puede continuar y que no representa un riesgo. El estudio va encaminado no solo a establecer las razones sino hasta donde se afectó con la contingencia”, agregó Romero en el informativo.
Adicionalmente, dijo que se compulsaron copias ante la Fiscalía para que investigue si hay una conducta punible porque la Contraloría encontró que “según parece, ellos habrían construido los túneles en el año 2016, antes de que se hubiera aprobado (la licencia)”.
“Las sanciones podrían ser pecuniarias y llevar hasta la suspensión de actividades, además la revocatoria de la licencia por alguna conducta indeterminada. Las multas podrían ir hasta 5 mil salarios mínimos legales vigentes”, puntualizó el medio.
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