El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad.
Según una investigación publicada por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, tres mujeres guardas de seguridad que laboraban en la Inspección VI de Policía del municipio de Soacha denunciaron al inspector José Arturo Figueredo por acoso sexual reiterado. El testimonio de las víctimas evidencia una situación alarmante dentro de una entidad que debería garantizar la seguridad e integridad de los empleados y visitantes. Una de las denunciantes, Dalinselena Monsalve Rincón, presentó como prueba un video grabado con su celular en el que queda registrado el momento en que Figueredo la toca sin su consentimiento mientras ella le exige que pare. Este material fue entregado a las autoridades como parte esencial en la investigación.
Monsalve Rincón, de 23 años, manifestó el profundo impacto psicológico que sufrió tras el acoso, llegando incluso a tener pensamientos suicidas por la vergüenza y el dolor experimentados. Según sus declaraciones recogidas por Noticias Caracol, Figueredo aprovechaba su posición de poder y la soledad en la oficina para cometer estos hechos, señalando además una percepción de impunidad en el comportamiento del funcionario, quien se sentiría protegido por su cargo y por posibles manejos económicos para encubrir sus actos. “Se supone que son personas que están para resolver y proteger a la gente de estas cosas”, enfatizó Monsalve, cuestionando el deber público de quienes ocupan estos cargos.
Otra víctima, de 30 años, denunció que Figueredo utilizó un modus operandi similar. En una ocasión, aprovechando que estaban solos, el inspector exhibió sus genitales y ella respondió defendiéndose físicamente antes de abandonar la oficina. Este episodio no solo vulneró su integridad sino que también la llevó a renunciar al empleo, incapaz de tolerar el ambiente hostil.
Una tercera guardia de seguridad relató abusos semejantes, describiendo que Figueredo solía tocarla en sus partes íntimas y nuevamente exhibía sus genitales en ausencia de otros funcionarios. La fuerza y determinación de las víctimas para enfrentar a su agresor finalmente impulsaron la denuncia.
El informe detalla que José Arturo Figueredo es abogado especializado en derecho público, con experiencia en cargos como personero delegado municipal de Barrancominas y defensor de familia en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Tras la denuncia formal de Monsalve y otra compañera ante las autoridades, la Fiscalía Seccional de Cundinamarca confirmó la radicación de una solicitud de imputación por el delito de acoso sexual contra Figueredo el 9 de diciembre, seis meses después de la denuncia inicial hecha el 5 de junio. Esta acción siguió el protocolo de protección del Programa de Mujer y Género de la Secretaría de Desarrollo Social.
En respuesta institucional, la Alcaldía de Soacha informó que inició una investigación interna y remitió el expediente a la Personería Municipal, la cual, el 3 de diciembre, ordenó la suspensión provisional de Figueredo por tres meses, prorrogables, sin derecho a remuneración. Asimismo, se garantizó acompañamiento permanente a las víctimas durante todo el proceso, demostrando el compromiso por parte de la administración municipal de brindar protección y apoyo.
¿Qué ocurre cuando una víctima de acoso sexual en el sector público denuncia y no recibe respuestas inmediatas?
En casos reportados por medios como Noticias Caracol y El Espectador, las víctimas enfrentan no solo las consecuencias emocionales y psicológicas de los abusos sino también la frustración por la lentitud o ausencia de respuestas institucionales. Muchas veces, las denuncias pasan por diversas instancias antes de que se tomen medidas efectivas, como la suspensión o traslado del presunto agresor, y esto puede llevar meses.
Esta pregunta resulta relevante porque expone la necesidad de que existan rutas de atención claras, rápidas y visibles dentro de la administración pública, así como la importancia de la vigilancia sobre las instituciones responsables para evitar que episodios tan graves persistan en la impunidad. Abordar el tema fortalece la confianza en los mecanismos legales y administrativos diseñados para la protección de las mujeres.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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