Son dos las faltas gravísimas por las que se le responsabiliza. La primera, de acuerdo con Caracol Radio, corresponde a “haber incrementado injustificadamente su patrimonio y permitido que un tercero lo hiciera fruto de la prestación de un servicio de hemofilia que pagaba la gobernación de Córdoba”.
En segundo lugar, “presuntamente haber aceptado dinero para sí directamente por realizar un acto en el ejercicio de sus funciones de Gobernador de Córdoba durante los años 2013 y 2015″, cita esa misma emisora.
Sin embargo, el abogado Álvaro Lyons pidió que se revisaran las fechas de los hechos: “En efecto existe un error porque se están hablando de hechos sucedidos en el 2016 y él fue gobernador hasta el 2015”, advirtió el defensor, según La FM.
“Aunque haya aceptado cargos cuando fue gobernador, no puede haber hechos de cuando no era mandatario”
Caracol añade que la Procuraduría revisará los plazos para evitar violaciones a sus derechos, aunque comentó que las imprecisiones no estarían en la imputación sino en las consideraciones. Asimismo, programó la continuación de la audiencia para el próximo 24 de abril.
Los hechos por los que se juzga al exgobernador comprenden una serie de contratos para la atención de pacientes con hemofilia que nunca existieron. La FM detalló que tales dineros habrían llegado a campañas políticas.
Entre 2013 y 2014, los montos desviados superarían los 41.655 millones, mientras que en 2015 ascendieron a 3.156 millones, agrega Caracol.
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