El texto pide “atender las alertas por posibles situaciones de connivencia de integrantes de la fuerza pública con grupos ilegales”, demandas que han venido siendo hechas por organizaciones sociales y de derechos humanos, así como por la Diócesis de Quibdó.
La carta obedece a que agrupaciones guerrilleras, paramilitares y otras bandas criminales amenazan y ponen en riesgo constante a los pobladores.
El pasado 2 de enero Luis Murillo, defensor del Pueblo del Chocó, denunció que los habitantes del caserío Pogue, que hace parte de Bojayá, escenario en 2002 de una de las peores matanzas del conflicto armado, iniciaron 2020 confinados por la presencia de hombres armados de las Autodefensas.
Entre tanto, el líder social Léyner Palacios abandonó esa población por amenazas de muerte y se reunió esta semana en Bogotá con el presidente Iván Duque, al que le pidió retomar los diálogos de paz con Eln para evitar más violencia en la región.
En ese sentido, la Iglesia católica pidió a las autoridades “establecer condiciones de vida digna y mecanismos de protección para las comunidades y líderes sociales que están en riesgo”.
“En diversos momentos hemos advertido sobre las dificultades que viven muchas personas en el territorio del Pacífico y suroccidente, y hemos solicitado al Estado colombiano una solución integral que resuelva las causas estructurales que están en la raíz de la crisis humanitaria”, aseveró el escrito.
El comunicado fue firmado por los arzobispos de Cali, Darío Monsalve, y de Popayán, Luis José Rueda, así como los obispos de Quibdó, Juan Carlos Barreto; de Istmina-Tadó, Mario Álvarez; de Apartadó , Hugo Torres; de Mocoa-Sibundoy , Luis Maldonado; de Buenaventura, Rubén Jaramillo; de Ipiales, José Saúl Grisales; de Tumaco, Orlando Olave, y de Palmira, Édgar García.
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