Estas dos personas, que según denunció María Antonia Pardo en su cuenta de Twitter se desempeñaban como empleada doméstica y capataz de la hacienda, fueron retirados de sus cargos a través de dos resoluciones firmadas por Diego Molano, director del Departamento Administrativo de la Presidencia, que los declaró insubsistentes el pasado 24 de julio.

Lo más grave del asunto es que aparte de perder sus trabajos en plena crisis por la pandemia del COVID-19, la pareja de esposos tiene una hija en condición de discapacidad que necesita de rigurosos cuidados médicos, mismos que fueron suspendidos por la pérdida del seguro a causa del despido.

De acuerdo con el diagnóstico médico de la Funcación Neumológica Colombiana, la niña de casi siete años padece de asma moderada persistente, neumonía recurrente, síndrome de sotos, apnea del sueño obstructiva moderada y otitis recurrente; por esto, para proteger los derechos de la menor, la pareja de esposos interpuso una tutela con el ánimo de reversar la decisión de la Presidencia.

El recurso que presentó la pareja afectada ante un juez de circuito de familia enfatiza que durante el tiempo en el que desempeñaron labores los exfuncionarios de la Hacienda Hato Grande no hubo queja alguna sobre su desempeño laboral; además, destaca que no tienen dónde vivir, ya que mientras desempeñaron sus funciones habitaron ese lugar.

“No solo deja sin sustento a una familia, sino que además deja sin salud a la única hija de ellos quien sufre de una discapacidad del 98 % y requiere seguimiento médico, tratamiento diario y costosas terapias. ¿Cómo van a cubrir esos costos si sus ingresos dependían de Duque?”, indicó la denunciante en su cuenta de Twitter.

En respuesta a la denuncia el Departamento Administrativo de la Presidencia, de acuerdo con W Radio, destacó que no se pronunciará al respecto mientras se haga el respectivo trámite de la tutela presentada por la pareja de esposos.