Este lunes, el senador Humberto De La Calle y el exviceministro de Justicia Sergio Jaramillo dieron a conocer una carta con la que expresan sus preocupaciones sobre el cumplimiento del Acuerdo de Paz de 2016. Según los firmantes, el gobierno Petro ha hecho varios anuncios sobre la protección del documento, pero no ha tenido muchas acciones en procura de esto. Estos son los puntos que más es preocupan.
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En el documento, el exnegociador y el excomisionado de paz hacen un llamado de atención al presidente Gustavo Petro, pues dicen que en el gobierno de Iván Duque se sabía que el Acuerdo corría peligro, pues su política estaba cimentada en contra del mismo, pero aseguran esperar más en esta administración. “Observamos con preocupación que las buenas intenciones no se traducen aún en avances”, dice el escrito.
Aún así, reconocieron y celebraron que en este Gobierno se le haya destinado más recursos al Ministerio de Agricultura y al sector rural, lo que ayudaría a la implementación del punto uno del Acuerdo. También, alentaron a que se pusieran en marcha 16 “planes nacionales en materia de desarrollo rural”, pues aseguran que después de seis años de la firma del Acuerdo, no se han terminado de formular ni se han implementado.
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Por otra parte, se refirieron a la sustitución de cultivos de coca, pues aseguraron que en el gobierno Duque las plantaciones de la plata aumentaron y que será “un reto para el nuevo Gobierno” crear una hoja de ruta para atender esta problemática y cumplir lo acordado. Señalaron además que existe una relación directa entre el cultivo de hoja de coca y la presencia de grupos armados en algunos territorios.
Los firmantes del documento también señalan que es necesario que el gobierno Petro implemente una estrategia de seguridad que sea eficaz, para salvaguardar la vida de firmantes y de líderes sociales. “La experiencia colombiana enseña que conversaciones de paz que no estén acompañadas de una estrategia eficaz de seguridad, fracasan”, expresan De La Calle y Jaramillo.
Uno de los puntos que sobresale en la carta es el llamado de atención, porque “al finalizar el año, no ha sido nombrado en la Presidencia de la República un responsable de liderar la ejecución del Acuerdo y la articulación de las diferentes entidades encargadas de su implementación”. Adicionalmente, señalan que muchas de esas funciones se le fueron encargadas a Danilo Rueda, como Comisionado para la paz, pero aseguran que debe haber otra persona para atender las tareas.
“Recientemente ha sido encargado formalmente de esas funciones el Alto Comisionado para la Paz, quien divide su tiempo entre las negociaciones con el Eln -cuyo reinicio celebramos vivamente-, los intercambios permanentes con organizaciones de crimen organizado en el campo y la ciudad, y sus otras responsabilidades en la Presidencia de la República”, manifiestan. Pero, exponen que “es humanamente imposible que el Comisionado, además de estas tareas, se encargue eficazmente de la implementación del Acuerdo de Paz”.
Sobre los nombramientos faltantes en el Gobierno, los firmantes de la carta también señalaron que “tampoco ha sido nombrado un director en propiedad de la Agencia para la Reincorporación y Normalización, ni se ha creado como estaba previsto el Sistema Nacional de Reincorporación”. Esto es grave, aseguran, porque “el bienestar de 12.700 excombatientes de las Farc está en juego”.
Este es el documento completo.
Asimismo, expusieron su preocupación porque, según ellos, “las bases del Plan Nacional de Desarrollo parecen reflejar un menor compromiso con la implementación del Acuerdo”. Para los Jaramillo y De La Calle, hay menor compromiso que en el anterior Gobierno, pues aseguran que “mientras que en el Plan del gobierno Duque existían 48 indicadores asociados a la implementación, en las bases publicadas por este gobierno hay seis veces menos indicadores (8)”.
“Queremos hacer un llamado a proteger la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que en los últimos meses ha mostrado resultados sin precedentes en un proceso de paz, como son los reconocimientos voluntarios de responsabilidad ante un tribunal por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad por parte de guerrilleros y agentes del Estado”, se lee en el documento. Añadieron además que no hay necesidad de reformar esa jurisdicción, sino que hay que seguir apoyando su labor para el esclarecimiento de la verdad.
El escrito también hace un llamado a la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia. Los firmantes de la carta piden que no se descuide “el mandato del Consejo de Seguridad de verificación de la implementación del Acuerdo -su principal tarea en Colombia-, y a la comunidad internacional a insistir con el mismo vigor en la implementación del Acuerdo de Paz”. De La Calle y Jaramillo aseguran que es “gracias a esa vigilancia internacional que el proceso de paz se ha mantenido a flote estos seis años”.
Según el exnegociador y el excomisionado, no desconocen las buenas intenciones del Gobierno Petro, y aseguran ayudar en lo que sea necesario para la implementación del Acuerdo. “Hacemos simplemente una invitación a pasar lo antes posible de la palabra a la acción, para que el proceso de paz no siga perdiendo terreno en los territorios de Colombia”, concluyen.
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