Este martes, la ONG difundió un informe forense que concluyó que los internos que fallecieron entre la noche del 21 de marzo y la madrugada del 22 tienen heridas de bala “infligidas con intención de matar“.

Por meses, los familiares de los muertos han reclamado que los custodios del Inpec se excedieron esa noche para controlar el motín y pidieron a las autoridades que investiguen.

En primer lugar, HRW confirmó que para el 13 de noviembre de 2020, la Fiscalía General no había imputado a nadie por las muertes y lesiones que se registraron en la revuelta.

Sin embargo, lo que más llamó la atención de la organización internacional defensora de derechos humanos fue que hasta ahora “la Procuraduría General tampoco ha logrado avances significativos” y que eso puede ser peor en unos meses.

Hasta ahora, lo único que ha hecho el Ministerio Público, según le dijo un funcionario a HRW es investigar sin identificar a ningún custodio presuntamente responsable  de las muertes porque “los guardias no llevaron un registro de qué arma utilizó cada agente el día de los motines”.

Pero además, la ONG recordó que después del motín, la entonces ministra de Justicia Margarita Cabello manifestó que los hechos se produjeron mientras los guardias penitenciarios impedían un “plan criminal de fuga”, pero reseñó también en el informe otra información:

“El 23 de marzo, el medio colombiano La Nueva Prensa publicó una grabación de audio de lo que parece ser una reunión entre Cabello y autoridades del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) luego de los motines. Se escucha a Cabello decir que se ‘siente orgullosa’ y que ‘agrade[ce] mucho’ a los guardias penitenciarios por haber impedido la fuga”.

A la ONG le llamaron la atención esas palabras, justamente por las vidas que se perdieron ese día, e incluso el director para las Américas de HRW, expresó:

“Una cosa es impedir que escapen personas detenidas y otra muy distinta es llevar a cabo ejecuciones extrajudiciales de detenidos. Las autoridades colombianas tienen la obligación de garantizar una investigación seria y efectiva que determine qué fue lo que ocurrió en La Modelo”.

Y esa investigación lo que justamente le preocupa a la organización, teniendo en cuenta que en agosto pasado, de manera más anticipada de lo normal, Cabello fue elegida como nueva procuradora general y será la cabeza de los procesos disciplinarios a funcionarios que podrían estar involucrados en lo que consideraron “muertes intencionales” en La Modelo.

Ante esa situación, HRW aseguró que desde enero, cuando Cabello asuma sus nuevas funciones, “existen motivos válidos para temer que haya un conflicto de interés que limite las posibilidades de una investigación oportuna, eficaz e independiente sobre los hechos en La Modelo, dado que pareciera tener una opinión formada sobre lo sucedido”.

Por eso, instó a la justicia colombiana a que se establezcan “salvaguardias para asegurar” que cuando Cabello sea procuradora General, la investigación se “adelante de manera independiente y exhaustiva a fin de identificar a aquellos que puedan haber cometido delitos”.

Ubicación de la cárcel La Modelo, en Bogotá: