La muerte violenta de una mujer durante una jornada de visitas en la Cárcel Nacional Modelo de Bogotá desató una profunda revisión al pasado judicial de su victimario. Se trata de William Rafael Martínez Alvarino, de 45 años y oriundo del municipio de Talaigua Nuevo, Bolívar, cuyo expediente criminal confirma antecedentes de violencia extrema contra las mujeres antes de protagonizar este nuevo episodio de sangre al interior del centro penitenciario.
Detalles conocidos por la Unidad Investigativa de El Tiempo revelan que el agresor cumplía una sentencia de “21 años y cuatro meses de prisión” por el delito de “tentativa de feminicidio agravado”. El origen de esa condena se remonta a hechos ocurridos en 2015 en Bogotá en contra de una expareja identificada con el apellido Mendoza Mancera, a quien el sujeto agredió brutalmente dejándole graves lesiones corporales a pesar de que ya existía de por medio una orden formal de alejamiento y medidas de protección.
La ruta judicial que selló su reclusión comenzó formalmente el 27 de febrero de 2018, fecha en que el Juzgado Segundo Penal Municipal de Garantías legalizó su captura bajo los cargos de feminicidio agravado tentado. Tras surtir la imputación donde el procesado no aceptó los cargos, el caso escaló al Juzgado 20 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá, despacho que el 18 de marzo de 2019 lo condenó a 256 meses de reclusión efectiva, negándole cualquier beneficio o subrogado penal. Posteriormente, el 25 de julio de 2019, el Tribunal Superior de Bogotá modificó parcialmente el fallo para imponerle de manera estricta la “prohibición de aproximarse a la víctima” y de establecer cualquier canal de comunicación con ella.
Estando tras las rejas, Martínez Alvarino intentó en múltiples oportunidades modificar su situación jurídica mediante acciones de tutela y recursos contra el Inpec y los juzgados de ejecución de penas, acumulando trámites como el fallido amparo resuelto por el Juzgado 45 Laboral del Circuito. En un movimiento reciente, de acuerdo con los registros, “el pasado 18 de agosto” el recluso interpuso gestiones para alcanzar el beneficio de prisión domiciliaria, petición que fue rechazada por los estrados judiciales. Pocos días después de este revés jurídico, y estando recluido en el pabellón 13, ocurrió el asesinato de la mujer que lo visitaba, ante lo cual el confeso agresor terminó reconociendo su responsabilidad directa frente a las autoridades.
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