Sidssy Uribe, hermana de Lucas Villa, manifestante asesinado durante el Paro Nacional en mayo de 2021 en Pereira, rompió el protocolo en la jornada de ‘Gobierno Escucha’ que el presidente Gustavo Petro encabezaba el viernes 17 de marzo en Quinchía, Risaralda.

La joven aprovechó cuando el mandatario envió un saludo a ella y a su familia para tomar el micrófono y elevar varias denuncias ante el presidente.

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“Vengo como víctima a reclamar justicia, porque ya son dos años del homicidio de mi hermano Lucas Villa, del homicidio de Héctor Fabio Morales y del compañero de La Virginia (Brahian Gabriel Rojas)”, señaló Uribe. De hecho, contó que justamente ese 17 de marzo, Lucas Villa cumpliría 39 años.

Pero además de reclamar justicia para los manifestantes asesinados durante el Paro Nacional en Risaralda, la joven denunció ante el presidente Petro y los asistentes al evento que la política local tiene nexos con la mafia que opera en el departamento.

“No solamente somos las víctimas del paro, aún los pereiranos y los risaraldenses sufrimos de ser víctimas de un gobierno local que está aliado con las fuerzas criminales”, fueron las palabras de la joven.

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“Es para todos conocido que desafortunadamente en Pereira, Dosquebradas y la zona metropolitana las mafias trabajan en contubernio con la política local”, reiteró Sidssy Uribe, mientras en el recinto algunas voces alcanzaban a mencionar a gritos a La Cordillera, la banda criminal de Risaralda que en su momento fue señalada, de hecho, de querer atentar contra hoy el presidente Petro.

En su intervención, la joven también denunció la situación de la comunidad del Bohío, en el sector Campestre B en Dosquebradas, que estaría ad portas de ser desalojada, por estar ocupando zona de reserva.

“Querer justificar la defensa del medio ambiente para desplazar a los habitantes es un crimen contra los derechos a tener vivienda digna, al debido proceso. Ellos fueron víctimas por las acciones del alcalde de Dosquebradas acompañado por la Carder (Corporación Autónoma Regional de Risaralda) para desplazarlos de manera irregular”.

“Estos ciudadanos que llevan más de 25 años en ese territorio han pagado predial, pagan servicios públicos, y los quieren sacar con el argumento de que están defendiendo el medio ambiente”, enfatizó.

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Gustavo Petro dijo que se debe reparar a las víctimas

El presidente tomó unos minutos del encuentro para responderle a Sidssy Uribe sobre la justicia para los manifestantes asesinados en el paro nacional de 2021. Recordó que en ese momento, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió unas recomendaciones al Gobierno colombiano que él acatará hoy como presidente de la República. Entre ellas, además de algunas dirigidas a la reforma a la Policía, hay otras que se enfocan en la indemnización y reparación a esas víctimas.

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Por eso, el mandatario afirmó: “Hay que establecer una comunicación entre una asociación de víctimas y el Gobierno para establecer las condiciones para esa reparación de víctimas que produjo el Estado y que es necesario que podamos sanar esa herida”.

El encuentro entre ambos se produjo en la tercera jornada de ‘Gobierno Escucha’, la estrategia del presidente Petro para abrir un diálogo en diversos territorios y en donde lo acompaña Luis Fernando Velasco, consejero presidencial para las regiones.

Qué se sabe de la participación de Petro en una película

El presidente Gustavo Petro será el primer presidente en aparecer en una película. Ningún mandatario en ningún país del mundo usó su cargo para estar en un papel dentro de un filme, pero el mandatario colombiano sí lo hará. Se sabe que el presidente saldrá como un extra dentro de una de las escenas de la película que relata la historia del almirante Padilla, en la época de la descolonización, y que la película se graba con recursos público: una parte los entregó RTVC y la otra, el Ministerio de las TICS. Detrás de la película está la productora Valencia Producciones FX y hay varias personalidades del cine y la televisión colombiana involucrados en su realización. En total, la película tiene un contrato en el Secop firmado por casi 4 millones de dólares para su ejecución.