El 5 de mayo de 2021, a las 7:32 de la noche, desde el extremo norte del Viaducto de Pereira entró una llamada a la línea 123 de la Policía. Un minuto antes habían disparado a dos personas en el puente y la llamada fue atendida por la patrullera Sandra Cruz, quien pudo escuchar el relato de los hechos: “Acabaron de asesinar a dos muchachos en el pleno Viaducto, cogieron los muchachos [los sicarios] para San Judas, iban tres, dos en una [moto] BWS y dos en una X o una RX, no sé”.

Seis minutos más tarde la agente Johanna Gómez atendió otra llamada: “Necesitamos una ambulancia, por favor, en el Viaducto”, le decían al otro lado del teléfono, “mataron a dos personas”.

Hubo dos llamadas más. A las 7:41 p.m. el guardia del Hospital Santa Mónica, en Dosquebradas, se comunicó con la agente Camila Valbuena solicitando un cuadrante de Policía: “Me llegó un herido por arma de fuego”, le dijo. Se trataba del menor Andrés Felipe Castaño, la segunda víctima de los disparos en esa zona de la capital risaraldense. A las 8:00 p.m. un hombre que se identificó como Luis Alberto, de la red de apoyo, reportó el ataque: “A ver si me colabora, con patrulla, con cuadrante y ambulancia […], por favor”. “Listo, caballero, ya le colaboran, muchas gracias por la información”, le contestaron los operadores.

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Las conversaciones quedaron grabadas y hacen parte del registro de las comunicaciones de la Policía Nacional durante el 5 de mayo de 2021, fecha del atentado contra Lucas Villa y Andrés Felipe Castaño en el paro nacional.

Las comunicaciones a las que Colombia+20 tuvo acceso fueron entregadas por la misma institución a un investigador judicial y confirman que la Policía cometió graves omisiones aquella noche, algo que ya había revelado parcialmente este diario cuando publicó la minuta de los radioperadores, donde está consignado cómo el coronel Aníbal Villamizar, entonces comandante de la Policía Metropolitana de Pereira, no dio ninguna orden al contingente de reacción, ubicado apenas a 400 metros del Viaducto, para que actuara tras el ataque.

Estas nuevas revelaciones ofrecen detalles aun más precisos de órdenes que los uniformados recibieron para que no acudieran al lugar y, en consecuencia, no auxiliaran a las víctimas. Javier David Clavijo, la tercera víctima de los disparos, quien recibió un balazo en su pierna, permaneció al menos veinte minutos más en el Viaducto después del atentado, según confirmaron dos testigos y un video que circuló por redes sociales, pero nunca fue socorrido y tuvo que ser evacuado por los mismos manifestantes.

Una vez se reportó el atentado por los canales de radio, varios cuadrantes en motocicletas y camionetas que estaban cerca del lugar se encaminaron al sitio. El cuadrante 14 fue el primero: “Central, pasando por acá por el Viaducto, hay como alguna novedad por el Viaducto”.

Este reporte ocurrió a las 7:38 p.m., hora coincidente con las imágenes de la cámara de seguridad de la fábrica Nicole, reveladas por Baudó Agencia Pública, en las que a las 7:39 aparecen dos patrulleros en moto, se detienen y ven la escena sobre el puente vehicular que da a la fábrica, a menos de cien metros del lugar de los disparos. Es el mismo puente elevado que minutos antes habían cruzado los sicarios para ingresar al Viaducto.

Los cuadrantes 14 y 10 de Dosquebradas se dirigieron al Viaducto, pero desde la central de radio les dieron una primera indicación disuasoria: “No se acerquen mucho, no falta que nos estén esperando a nosotros”. Al menos cuatro unidades diferentes reportaron que se encontraban muy cerca y se dirigían al lugar.

Cuando todos se aproximaban, alguien preguntó a la central cómo se veía el sector y respondieron que aún había personas: “No jefe, eso está lleno, bueno ahí las unidades, cuadrante 14 y mi 2-4 [un código de la Policía] y las unidades que van a llegar al Viaducto. No lleguemos, no lleguemos, al parecer hay una persona lesionada ahí manipulando unos elementos, unos explosivos o algo así, no lleguemos las unidades”.

Los cuadrantes pidieron orientación y la respuesta fue no acudir al sitio: “Central, lo que vayamos a consultar lo hacemos ahí con el Puesto de Mando Unificado (PMU), a ver qué ordenan ellos, mientras tanto vamos a estar cerca por alguna situación”. Luego la orden explícita fue que salieran de la zona: “Retiremos, es tan amable, de ese sector, de pronto va y dicen que fue la Policía o algo por el estilo, entonces retirémonos, dejemos solo ese sector, seguridad policial primero que todo”.

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Poco antes de las 7:42 el cuadrante 14 anunció que se alejaba por el Centro Comercial La Popa, a 300 metros del Viaducto. Otra unidad informó estar más lejos, cerca al barrio Santa Isabel, y una más dijo que ya iba por la glorieta de Postobón, a más de un kilómetro. “Erre”, les contestó la central, “Dios lo hizo y ellos solitos se joden”, dijo, al parecer refiriéndose al atentado.

Sobre las 7:50 una cuarta unidad anunció que iba llegando al Viaducto, pero también le ordenaron retirarse: “Mi capitán, ahí lejitos del sector del Viaducto, al parecer ya lo trasladaron, estaba manipulando algún artefacto, no sé qué es lo que sucedió en el 20, al parecer hay un lesionado, ahí lo remitieron al [Hospital] San Jorge, entonces están esperando que llegue la Policía, para informar que de pronto fue la Policía […] o sea, se autolesionó”.

Un contingente de reacción que se encontraba en la glorieta de Servientrega, a 400 metros, comandado por un oficial con el código Black7, también intervino en la conversación: “El tema es que yo me muevo con la reacción y después me achacan a mí los muertos, es que están muertos, entonces de pronto llegar con las ‘hechis’ y con el man de ambulancia, que lleguen allá a ver y el cuadrante también, si llegan también la emprenden con el cuadrante, entonces necesito tener la orden clara, cómo va a ser el proceder ahí”.

Este contingente fue el mismo que recibió indicación directa del PMU de posicionarse en esa glorieta poco antes del atentado y “esperar órdenes”, según reveló Colombia+20 en diciembre del año pasado.

“Ya los jefes tienen conocimiento”

Las grabaciones muestran que el PMU, en cabeza del coronel Aníbal Villamizar, se enteró casi de inmediato del atentado. A las 7:37 un radioperador de la Estación Pereira, al final del Viaducto, en el costado pereirano, reportó lo siguiente: “Acá me informa un ciudadano que hay novedad en el Viaducto”. Desde la central respondieron: “QAP, QAP, la unidad, que ya se está manejando la información, QAP que ya se está manejando la información, ya los jefes tienen conocimiento”.

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Minutos después el radioperador volvió a reportar el hecho, pero la actitud de los comandantes fue elusiva. “Central, central, mi mayor, ahí vuelven a informar la misma situación, ahí en la glorieta del Viaducto, en la plazoleta del Viaducto, nuevamente, otra vez, otra vez, mejor dicho, ahí la novedad que se presentó hace unas rayas”. La respuesta del mayor fue cortante: “Ahí vamos a ver lo que se presente”.

Faltando dos minutos para las 8 p.m., veinte minutos después de que el radioperador dijera que los jefes ya tenían conocimiento de lo que ocurrió en el Viaducto, el mayor —cuya identidad Colombia+20 no ha logrado confirmar— preguntó cómo se encontraba el puente. “Abierto totalmente el Viaducto, mi mayor […] solo vehículos”. Después de dar el código de recibido, el mayor indagó: “¿No tenemos por ningún lado aglomeración?”, le contestaron que no. Era obvio que el Viaducto quedaba despejado porque acababan de dispararles a los manifestantes. En ese instante el mayor pronunció una sentencia inquietante: “O sea que ocurrió un milagro”.

Reiteradamente la central ordenó a los cuadrantes visitar clínicas y ubicar a familiares o amigos de las víctimas. Un jefe lo planteó así: “Más allá de lo que esté pasando, nos van a pedir cuentas por esos lesionados; entonces mirar, hermano, a ver qué podemos obtener”.

Ordenaron detener y revisar todos los vehículos blancos, pues en videos de redes sociales se apreciaba un Nissan March que retrocedía, claramente escapando de los disparos. En los fragmentos conocidos por este diario no se advierte que los comandantes hayan mostrado interés por las motocicletas, aunque desde la primera llamada a la línea 123, que ocurrió apenas un minuto después del atentado, los ciudadanos señalaban dos motos que huyeron rumbo al barrio San Judas, entre ellas la BWS roja donde iba el sicario.

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Un único cuadrante reportó que intentaría un recorrido por la zona: “Voy a ver si puedo ingresar ahí a San Judas, para verificar también el tema de las motocicletas”.

Colombia+20 consultó a la oficina de prensa del general Jorge Luis Vargas, director de la Policía Nacional, sobre el caso. “Desde el momento en que ocurrieron los hechos, el director general dio instrucciones precisas al director de Seguridad Ciudadana, general Bustamante, y al director de la Dijín, general Murillo, para desplazarse a la zona y ponerse al frente del tema”, fue la respuesta de sus asesores. Voceros de la Jefatura del Servicio Policial, al mando del general Alejandro Bustamante, agregaron que “todas las órdenes que se han emitido en el marco de las jornadas de manifestación se realizan en estricto cumplimento de la ley, los reglamentos y los estándares internacionales, actuando de acuerdo con el mandato legal y garantizando los derechos constitucionales de los ciudadanos”. Aseguraron que “la institución ha aportado, de manera eficiente y con celeridad, toda la información requerida por los organismos de control e investigativos para determinar la responsabilidad, autoría y participación de personas en este caso” y que la investigación sobre presuntas responsabilidades le corresponde a la Fiscalía.

El silencio del coronel Aníbal Villamizar Serrano

Desde el año pasado, varias veces, esta redacción solicitó una entrevista con el coronel Aníbal Villamizar Serrano, máximo comandante de la Policía Metropolitana de Pereira durante el paro nacional, pero el alto uniformado nunca quiso dar explicaciones por los hechos y también se negó a conversar con otros medios de comunicación.

Villamizar fue apartado del cargo en marzo pasado, a raíz de un escándalo por el montaje que hicieron agentes de la Sijín con la demolición de un falso expendio de drogas, que resultó ser la casa de una humilde pareja de ancianos en el centro de la ciudad. Aunque hay una investigación disciplinaria, medios informaron que Villamizar fue nombrado comandante operativo en el Valle de Aburrá en junio.

El coronel Javier Raúl Gallego, quien reemplazó a Villamizar, contó a Colombia+20 que las investigaciones del caso Lucas Villa fueron asumidas por la Fiscalía directamente desde Bogotá, para garantizar la independencia tras los señalamientos que surgieron contra la institución desde el primer momento.

¿El asesino salió del país?

Sidssy Uribe, hermana menor de Lucas Villa, cree que hubo complicidad de la Policía en el homicidio. “De manera independiente hemos desarrollado una investigación”, asegura, “nos llegó la información de tres fuentes, la tercera era fiable, porque antes nos había dado información que se corroboró. Dijeron que la persona [que atentó contra Lucas] tenía intenciones de hablar, a los funcionarios de la Sijín no les convenía y su decisión estaba entre matarlo o sacarlo del país”.

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Según familiares, tres agentes de esa entidad estarían implicados en el crimen. Otra persona cercana al caso contó a Colombia+20 que el atentado fue ejecutado por la banda del barrio San Judas, siguiendo orientaciones de La Cordillera, la organización delincuencial que controla el narcotráfico y el sicariato en Pereira y parte del Eje Cafetero. Es la misma organización a la que Gustavo Petro acusó de planear un supuesto atentado en su contra.

El 23 de julio de 2021 la Fiscalía anunció que hizo 23 allanamientos en Pereira y Dosquebradas contra la banda de San Judas en “un trabajo de filigrana”, según el fiscal Barbosa, quien habló de un resultado “sin precedentes”.

Lo extraño de esos operativos es que ocurrieron en el corazón de la ciudad, pero no con apoyo de la Policía, sino de la octava brigada del Ejército Nacional. Un funcionario explicó que esto es poco usual, aunque puede ocurrir cuando no hay unidades de Policía disponibles o cuando los fiscales del caso no confían en la Policía.

En los allanamientos se incautaron un arma y tres motocicletas, y hubo cuatro capturados, entre ellos John Alexánder Mejía Hurtado Carevieja, un hombre con antecedentes al que la Fiscalía señala de ser uno de los jefes de la banda de San Judas. Las acusaciones fueron por tráfico de estupefacientes, porte ilegal de armas y receptación, pero no por homicidio.

Jonathan Correa, esposo de Sidssy Uribe y cuñado de Lucas Villa, dice que no saben el nombre del presunto asesino, pero sí tienen un alias: “Sabemos que le dicen Rasquiña, se supone que fue uno de los tres que estuvo en el momento de los disparos, no sabemos si fue el gatillero, quien manejaba o el de la segunda moto. Tenemos entendido que lo iban a capturar para mostrarlo como botín”, explica Correa, y agrega: “Las opciones eran asesinarlo o sacarlo del país. Sería más sencillo asesinarlo, pero la pregunta es si no saben bien en dónde están los otros dos sicarios. Y si matan a uno, los otros hablan. Esa es nuestra deducción: para darles confianza a los otros y que no hablen, simplemente sacaron a este”.

Ha pasado más de un año del crimen y la familia solo espera justicia y que se conozca la verdad. “Hay gente que nos dice: ‘Dejen eso ahí, déjenselo a Dios’, nosotros no sentimos odio”, asegura Sidssy Uribe.

Con el cambio de gobierno confían que se abra una posibilidad de esclarecer los hechos y “que la Fiscalía pueda actuar como debería”, puntualiza Sidssy, recordando que el día de las elecciones mucha gente la llamó y le escribió para contarle que votarían por la memoria de su hermano. Esa memoria, que es palpable entre tantas personas de la región y el país, la llena de orgullo: “Que Lucas no se haya muerto sin que haya hecho algo relevante”.