La apuesta del presidente Gustavo Petro por buscar la “paz total” con todos los actores armados ilegales que operan en el país tiene el pie en el acelerador, mientras surgen voces que plantean advertencias por los supuestos riesgos que dicha estrategia podría traer para la seguridad y otras que la rechazan de tajo con duros cuestionamientos, el más mencionado, que se estaría abriendo puerta a la impunidad.

Lo cierto es que el ministro del Interior, Alfonso Prada, radicó ante el Congreso la modificación y prórroga de la Ley de Orden Público (Ley 418 de 1997), que precisamente es la que dota de instrumentos al primer mandatario para la “búsqueda de la convivencia y la eficacia de la justicia”.

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Proyecto de la “paz total” de Petro

Una vez radicada la iniciativa, el Ministerio del Interior resaltó siete de los puntos clave:

1) Convertir en política de Estado la política de paz, dando carácter vinculante para que no sean interrumpidos.

2) Propone vincularlos a los planes de desarrollo de los territorios, a los planes de sustitución de cultivos y a los planes nacionales sectoriales.

3) Incorpora el concepto de “seguridad humana” como camino para la paz total.

4) Hace apertura a la generación de acuerdos parciales y totales con los diferentes actores del conflicto.

5) Propone un trabajo conjunto entre los ministerios del Gobierno para hacer de manera íntegra la implementación de una paz duradera.

6) Se propone la realización de un “servicio social para la paz”, alternativo al servicio militar obligatorio y con posibilidad para que la juventud pueda presentar un servicio en las Fuerzas Militares o en servicios de alfabetización, protección del medio ambiente, promoción de los derechos humanos o protección de víctimas del conflicto.

7) Anula cuatro fondos existentes con la creación un Fondo para la Paz que articula y coordina la inversión, y posibilita una mejor rendición y veeduría ciudadana.

Según Prada, este es “un proceso de paz diferente y audaz que nos llevará a la paz total”, invitando a todos los actores del conflicto a sumarse a la transformación de la paz a través del diálogo social.  “Hemos pedido que hagan un guiño quienes quieran allanar el camino del diálogo para la paz y el Gobierno está listo a crear las condiciones para ello”, dijo.

Por su parte, Iván cepeda, presidente de la Comisión de Paz del Senado, señaló que “no será solo el alto comisionado para la paz, sino también el conjunto de los ministros y las ministras los que tendrán a su cargo desarrollar distintos aspectos de la política en este campo”. Así las cosas, agregó, cada ministerio deberá, desde su competencia, desarrollar aspectos complementarios de la política de paz total”.

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Una de las adiciones que tiene el proyecto de ley obliga a que el Estado “asegure la convivencia pacífica, la protección de los derechos y libertades de los individuos, y adopte medidas en favor de grupos discriminados o marginados, tendientes a lograr condiciones de igualdad real y a proveer a todos de las mismas oportunidades para su adecuado desenvolvimiento, el de su familia y su grupo social”. En este sentido, resalta que “la política de paz será prioritaria en los asuntos de Estado, transversal a estos, e integral, tanto en lo referente a la implementación de acuerdos, como con relación a procesos de negociación, diálogo y acogimiento a la justicia”. Con esto, quedan comprometidas “las autoridades de todas las ramas y niveles del poder público, quienes deberán orientar sus actuaciones a darle cumplimiento. Asimismo, los diferentes gobiernos deberán garantizar la continuidad de las políticas públicas de paz y, en consecuencia, tendrán el deber de concluir aquellas que sean fijadas por administraciones precedentes”.

El proyecto no busca solamente modificar la Ley de Orden Público, sino que también hace cambios a la Ley 368 de 1997, que tiene que ver con los fondos para los programas paz. Con el nuevo texto, todos los recursos para la paz quedarán integrados en lo que el gobierno Petro ha denominado “Fondo para la Paz”. Adicionalmente, se agrega en el articulado que los gastos serán orientados y direccionados por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, que deberá actuar conforme a las decisiones del presidente de la República y del gabinete de paz.

Una de las propuestas más llamativas es la creación del “servicio social para la paz”, que “tendría una remuneración conforme a lo también previsto para el servicio militar”. Con esta nueva figura, el Gobierno busca que los colombianos participen y desarrollen trabajo en territorio con víctimas del conflicto armado, en la promoción de sus derechos, así como en el cumplimiento de acuerdos de paz. Hay que decir también que el gobierno Petro no es el primero en modificar o prorrogar esta ley, pues con cada presidencia se ha adecuado la política de paz dadas las necesidades de cada proceso. La ley fue creada durante la administración de Ernesto Samper en medio de la necesidad de dar instrumentos para desarrollar acercamientos con las guerrillas y desde entonces le han metido mano Álvaro Uribe, para hacer en 2008 el proceso con las Autodefensas y Juan Manuel Santos, con las Farc.

Las expectativas son grandes, más aún cuando el gobierno Petro ha hablado de propuestas como la no extradición, que se adelanten diálogos regionales, freno a los bombardeos e incluso un cese al fuego multilateral. El hoy senador Humberto de la Calle, exjefe negociador en La Habana en el proceso con las Farc, cree que se trata de cartas muy poderosas para poder cerrar una negociación y que podrían ser utilizadas muy adelante. “Ojalá le vaya bien (…) me parece que cuando uno anuncia hasta donde puede llegar, de alguna manera podría debilitar la posición del gobierno en las mesas de negociación. Entiendo la territorialización de los conflictos porque, en efecto, tienen características distintas, pero me parece que el riesgo es desarticular una política nacional. Hay que ver qué tipo de control se va a tener sobre ese accionar de alcaldes o gobernadores”, manifestó en diálogo con Blu Radio.

De todas maneras, De la Calle enfatizó que siempre es mejor intentar hacer algo a no hacer nada en materia de la búsqueda de esa “paz total”. “El Gobierno tiene derecho a ensayar y probar nuevos caminos”, dijo, reconociendo, sin embargo, que uno d ellos retos más duros tiene que ver con el narcotráfico, que podría generar una oferta para que otros grupos armados tomen el lugar de movimientos paramilitares y guerrilleros que lleguen a acuerdos con el Gobierno. “Mientras siga siendo un negocio tan lucrativo, siempre está la tentación para nuevos protagonistas que llenan los vacíos de quienes han negociado”, advirtió.

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