Este martes el presidente Gustavo Petro llega a Buenaventura, el principal puerto de Colombia sobre el Pacífico por donde pasa el 40 % del comercio internacional del país, pero también la mayor parte de la cocaína con destino a Estados Unidos. Esa actividad ilegal es la que tiene sumida a la ciudad en una ola de violencia.

De hecho, según Caracol Radio, una de las peticiones más sentidas será la de los jóvenes, que van a pedirle a Petro que “busque diálogo con los jefes de las bandas criminales que quieren presuntamente entregar las armas”.

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En la ciudad también le pedirán al mandatario que el plan integral de seguridad que se cumpla, lo mismo que el documento de acuerdos inscritos en el pasado paro cívico, y enfrentar el narcotráfico, la mayor causa de la violencia.

De hecho, con la actividad mercantil y criminal avanza la violencia. La tasa de homicidios es una de las más altas de Colombia (576 entre 2017 y 2021, según la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), sin contar los secuestros y otras desapariciones forzadas.

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“Los dos grupos [‘Shottas’ y ‘Espartanos’] se han hecho con el comercio legal, sobre todo de alimentos: huevos, queso, fruta… Nada se les escapa. Hasta el punto de que son capaces de fijar el precio de ciertos alimentos básicos”, dijo a la AFP Juan Manuel Torres, investigador de Pares.

“Lo que estamos presenciando en estos momentos es una nueva guerra urbana, en la que lo que está en juego es el control territorial de los barrios”, explica Torres, y advierte que “la situación se ha descontrolado”.

“Casas de pique” en Buenaventura

En el incidente más reciente, miembros de las dos bandas se enfrentaron durante varias horas con armas automáticas el 30 de agosto, una “noche de terror”.

Ahogada en el corazón del manglar, Buenaventura (entre 350.000 y 500.000 habitantes, el 90 % afrocolombianos) se extiende hasta su estratégico puerto, a lo largo de una avenida superpoblada, con barrios populares a ambos costados donde reinan las mafias.

‘Shottas’ y ‘Espartanos’ se reparten el control de estas modestas casas de ladrillo, edificios a medio terminar protegidos por barras de hierro, casuchas de madera sobre pilotes y refugios de hojalata rodeados de agua y basura.

Sucedieron a los paramilitares y a la guerrilla, que ya se financiaban con el narcotráfico y aterrorizaban a la población local con masacres y atentados hasta la década de 2000.

Nacidas en el seno del mismo grupo criminal (‘La Local’), las dos bandas han extendido considerablemente su dominio desde finales de 2020 a los numerosos rincones de los pantanos que bordean la ciudad, sometiendo a Buenaventura con una violencia hecha de tiroteos, secuestros, extorsiones.

También siniestras “casas de pique”, como los llaman los habitantes, donde los cuerpos de los secuestrados acaban siendo descuartizados antes de ser arrojados, lejos de la vista, al agua. Según datos oficiales, al menos 880 personas han desparecido en Buenaventura en las últimas dos décadas, la mayoría a la fuerza.

Mientras el presidente Petro es esperado en Buenaventura el martes para intentar implementar su gran proyecto de “paz total” para el país, la policía y la Armada colombiana patrullan los barrios día y noche.

Su presencia se concentra en las calles más afectadas por la violencia, a menudo las zonas de enfrentamiento entre los dos grupos, conocidas aquí como “fronteras invisibles”. Los disparos son casi diarios y los asustados habitantes se atrincheran en sus casas al caer la noche.

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