Por: El Espectador

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Este artículo fue curado por Gustavo Arbelaez   Abr 5, 2024 - 11:37 am
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El Gobierno ha dicho que “persistirá” para avanzar en lo propuesto en la archivada reforma a la salud, usando las facultades constitucionales del presidente Gustavo Petro y con medios diferentes al Congreso. Entre ellos, el mandatario invitó a la ciudadanía a una “movilización por la salud” para “que la voz de la gente se escuche y decida”.

En una publicación en X, el presidente, que busca meterle la mano al Fondo Nacional del Café, instó a los “trabajadore(a)s y pacientes de clínicas privadas y hospitales públicos a los que las EPS les han incumplido” a mostrar su descontento con esas empresas y así ejercer “el poder constituyente” de la ciudadanía.

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Los llamamientos del presidente llegan después de que llovieran las quejas de gremios hospitalarios, preocupados por una posible interrupción de los servicios de salud. El Gobierno y el superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, han afirmado que nada cambiará para los usuarios, que podrán seguir recibiendo atención médica sin ningún impedimento causado por las intervenciones.

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El presidente ha hecho antes llamados a la ciudadanía para apoyar sus proyectos a través de movilizaciones. El año pasado, logró una marcha en Bogotá en la que intervino para solicitar al Congreso “que se aprueben las reformas [laboral, pensional y a la salud] que Colombia aprobó en las urnas”.

En ese momento, estaba en curso el escándalo entre Laura Sarabia, la ahora directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), y Armando Benedetti, embajador de Colombia ante la FAO, por el dinero que presuntamente se habría robado la niñera de Sarabia y la interrogación que esta denunció. En esa movilización, Petro denunció en ese entonces que estaba planeándose un “golpe blando” en su contra por parte de la Fiscalía y la Procuraduría.

Este año, la más notoria fue la marcha por la advertencia de una “ruptura institucional” por parte del presidente, quien solicitó “al pueblo la máxima movilización popular por la decencia”. El mensaje buscaba acelerar la elección de una nueva fiscal en la Corte Suprema y provocó una reunión entre Gerson Chaverra, el presidente de la corte, y el mandatario, en la que hablaron sobre “la urgencia de promover el respeto entre todas las instituciones y sectores del país, en el propósito de salvaguardar la solidez de la democracia colombiana”, según la Presidencia. Después del encuentro, Petro aseguró que su publicación “no debe dirigirse como una presión a las cortes”.

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La situación, sin embargo, devino en el “asedio” del Palacio de Justicia, según la misma Corte, que enfatizó que la situación, “además de afectar gravemente el derecho a la libertad de locomoción, pone en grave riesgo la vida e integridad física de magistrados, empleados, periodistas y demás ocupantes de la principal sede judicial del país”.

“La Corte Suprema de Justicia exige al Gobierno Nacional brindar las garantías necesarias para que el ejercicio de las competencias de esta corporación y los demás jueces colombianos se puedan desarrollar sin presiones, hostigamiento o amenazas”, pidieron en un comunicado.

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