Desde antes de asumir como presidente, Gustavo Petro hizo de la educación una de sus banderas de campaña. En diversas oportunidades prometió, entre otras cosas, transformar el Icetex y sumar esfuerzos para garantizar la educación superior gratuita para los colombianos. Aunque 100 días es un período muy corto para pasar al tablero la gestión en este sector, estas dos propuestas hacen parte de las discusiones que han estado en el debate.
Respecto a la educación superior, para Moisés Wasserman, ex rector de la Universidad Nacional e integrante de la Misión de Sabios de 2019, hay un punto muy positivo: haber diagnosticado algunos problemas centrales que tiene el sistema de educación y encontrar estrategias para contrarrestarlos, aunque advierte la dificultad de hacer balances en solo 100 días.
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“Por ejemplo, un problema que viene desde hace tiempo es la modificación de la Ley 30 que ha generado un desbalance financiero en las universidades públicas. Desde hace ya bastante tiempo se ha buscado una reforma de esta ley. Este no es un logro de los 100 días, porque no ha sucedido; el logro es poner el foco en la situación”.
En educación superior, Wasserman también destaca el cambio que el gobierno plantea realizar para la entrega de registros calificados que, según dice, podría incidir muy fuertemente en la educación superior.
Los cambios en el Icetex
El Icetex, por otra parte, ha cobrado un papel protagónico. En estos 100 días, Petro se comprometió a condonar 9.000 créditos que, según explicó hace unas semanas a El Espectador Mauricio Toro, director de la entidad, 4.500 correspondían al gobierno pasado y 4.500 al actual.
“Se podrá cumplir con 800 de los 10.000 que tienen el derecho de condonación del 25 % o la condición que hayan asumido cuando tomaron el crédito. Comenzarán recibiendo el beneficio las poblaciones más vulnerables”, había dicho Toro.
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El otro punto destacable en estos tres meses tiene que ver con la oferta de créditos con tasa del 0 % y sin capitalizar intereses. Esto quiere decir que el estudiante solo tendrá que asumir el pago del incremento del IPC sobre el préstamo que adquirió y será dirigido a aquellas personas que no tengan subsidio a la tasa de interés o no estén aún en período de pago. Esto, a los ojos de Sergio Lancheros, del grupo de Investigación en Política Públicas de Educación Superior de la Universidad Nacional, muestra la prioridad de la reforma del incremento del gasto social para apoyar sectores y poblaciones vulnerables.
“Es un paso importante en el desmonte de los mecanismos de fortalecimiento del crédito educativo y subsidio a la demanda, pero debe ser complementada con la reforma al esquema de financiamiento de las Instituciones de Educación Superior Públicas (IES) para el fortalecimiento de la oferta pública”, apunta Lancheros.
pues, añadió, el ministro de Educación, Alejandro Gaviria, recientemente instaló una comisión para la reforma de la Ley 30 de 1992 con el propósito de redactar un proyecto de ley que modifique el esquema de recursos en las IES.
Lancheros destaca, además, la relevancia que ha tenido la intención de hacer una reforma del Icetex, poniendo el énfasis en la humanización de la entidad. “Es fundamental buscar mecanismos para anular su carácter de entidad financiera, cuyo único objetivo es recoger cartera de los créditos otorgados y generar unos nuevos. Su propósito debe ser más bien beneficiar a jóvenes para que puedan acceder, permanecer y graduarse en estudios superiores en condiciones que les sean favorables”, anota.
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¿Y la alimentación de los niños en los colegios?
Otro de los temas que ha sido clave durante estos 100 días ha sido el Programa de Alimentación Escolar (PAE). Cristian Murcia, nutricionista, dietista y magíster en seguridad alimentaria y nutricional, explica que sobre el PAE se han hecho muy buenos anuncios que se esperaban desde hace mucho tiempo y que giran en torno a tres puntos importantes. El primero está relacionado con extender la prestación del servicio, es decir, lograr una cobertura universal que vaya más allá de la jornada escolar.
De acuerdo a lo que ha dicho Gaviria, se busca que “en el periodo de vacaciones el PAE llegue a las familias directamente para combatir el aumento del precio de los alimentos y básicamente la desnutrición aguda, que es una preocupación de todo el país. Conseguimos unos recursos para el año entrante, pero dependemos de la reforma tributaria”.
Para Murcia, este punto muestra un cambio en el enfoque del programa para garantizar el derecho a la alimentación y de la seguridad alimentaria.
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El segundo anuncio busca descentralizar el PAE. Para ello se integrarán las juntas de acción comunal. Gaviria ha insistido en que “el Gobierno Nacional no tiene la posibilidad de estar en cada lugar del territorio y que se debe fortalecer las capacidades regionales y acompañar a las entidades territoriales”.
Sobre este aspecto, Murcia cuenta que es “una buena idea apoyarse en los padres cuando las escuelas están muy apartadas, en las que es difícil que llegue el operador, y en los colegios de carácter étnico”.
Un tercer eje se enfoca en la administración de los recursos en el que se revisará la corrupción, de acuerdo con Gaviria, varios contratistas aprendieron a hacerle “trampa” al Estado. Para Murcia, quien también es investigador del Observatorio de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Universidad Nacional, “el presupuesto del PAE atiende hacia unos $1.7 billones y su ampliación tendría que mirarse en la designación específica que tenga el Ministerio de Educación de cara al próximo año y eso estaría más claro en el Plan Nacional de Desarrollo”.
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