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La decisión del presidente Gustavo Petro de acelerar la implementación de las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) para combatientes de grupos armados irregulares ha generado un fuerte debate político y social en el país, especialmente porque esta orden llegó a pocos meses del fin de su mandato y en plena campaña electoral. De acuerdo con lo consignado durante una reunión realizada el 13 de mayo en Bogotá, donde participaron el mandatario, el comisionado de paz Otty Patiño y varios coordinadores del plan de “paz total”, se tomó la decisión de trasladar de manera rápida a integrantes de estos grupos ilegales a cinco ZUT, de las siete pactadas.
El proceso iniciará por el municipio de Valle del Guamuez, en Putumayo, donde se concentrará a un primer grupo de 100 miembros de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), una disidencia de la Segunda Marquetalia, liderada por José Vicente Lesmes, alias “Wálter Mendoza”. Según Armando Novoa, jefe negociador del Gobierno con este grupo, la concentración replicará la experiencia de los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), que se utilizaron en el marco del Acuerdo de Paz de 2016 para la desmovilización de las antiguas Farc. En su época, estos espacios evolucionaron de campamentos temporales a verdaderos vecindarios con actividades productivas y presencia de familias de excombatientes.
En cuanto a la CNEB, se calcula que cuenta con unos 1.800 integrantes divididos en dos facciones, con presencia en múltiples departamentos, y la permanencia en las ZUT sería inicialmente de 10 meses, prorrogable según disponga el próximo gobierno. Paralelamente, el Clan del Golfo también busca ingresar a las ZUT; su representante, Ricardo Giraldo, lo describió como un “programa piloto” para la reintegración de los combatientes, aunque la Fiscalía ha negado la suspensión de órdenes de captura para sus miembros, especialmente por requerimientos judiciales internacionales. La Ley de Paz Total de 2022 faculta al presidente para dialogar con ilegales, pero no especifica protocolos para la desmovilización.
La iniciativa revive polémicas del pasado, como la zona de distensión de San Vicente del Caguán durante el gobierno de Andrés Pastrana, que terminó siendo base de operaciones para las Farc y escenario de graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH). Por este antecedente, el gobierno de Petro aseguró que en las ZUT no habrá despeje militar ni presencia de extraditables, y que los combatientes permanecerán desarmados y en civil. A pesar de estas garantías, analistas como Alejo Vargas y Juan Carlos Ruiz expresan dudas sobre la eficacia, legalidad y oportunidad del proceso, en especial por su coincidencia con el fin del mandato y el periodo electoral, subrayando la falta de resultados tangibles y la percepción de que el Gobierno busca mostrar avances apresurados.
Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
¿Qué implica la creación de Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) para grupos armados en Colombia?
La creación de las ZUT plantea el traslado de combatientes de grupos armados irregulares a territorios delimitados donde permanecerán concentrados y bajo verificación de entidades nacionales e internacionales. En teoría, actúan como espacios de transición hacia la legalidad para los integrantes, replicando modelos anteriores como los ETCR del Acuerdo de Paz de 2016. Sin embargo, según expertos citados por El Colombiano, existen dudas sobre el marco legal y los procedimientos concretos para lograr una desmovilización efectiva, además del riesgo de que estos lugares repliquen los problemas de zonas de distensión previas.
¿Por qué es controversial la implementación de las ZUT en época electoral y al final del mandato de Gustavo Petro?
La implementación de las ZUT poco antes de terminar el mandato presidencia de Petro y en contexto electoral ha generado controversia porque deja preguntas sobre las verdaderas motivaciones del Gobierno. Algunos analistas consideran que podría tratarse de una estrategia para mostrar avances mediáticos en materia de paz, sin soluciones estructurales ni resultados verificables, y advierten sobre el posible uso político del proceso ante las próximas elecciones, según señalan expertos de la Universidad de Eafit, Nacional y Rosario en El Colombiano.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
Graves acusaciones a Juliana Guerrero y más miembros del Gobierno de Petro: habló alta funcionaria
Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre y actual funcionaria del Gobierno, aseguró que hay más de 20 personas que están buscando desacreditarla con el presidente Gustavo Petro acusándola de varios hechos que ella no cometió, pero lo que sí hizo fue destapar una supuesta disputa interna de poder entre diferentes funcionarios o personas cercanas al presidente, como Juliana Guerrero y Carlos Carrillo, con quienes ella ha tenido una confrontación desde hace varios meses.
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