Por: El Espectador

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Este artículo fue curado por Frank Hoyos   Sep 21, 2023 - 7:24 am
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Una denuncia contra el actual ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, llegó al despacho del fiscal general Francisco Barbosa. Se trata de una solicitud formal por parte del representante a la Cámara, por el Centro Democrático, Hernán Darío Cadavid, quien puso de presente los hechos advertidos por medios de comunicación sobre algunos viajes del Pacto Histórico durante la campaña al Congreso. De acuerdo con El Tiempo, congresistas del Pacto Histórico utilizaron con frecuencia los servicios de aviación de la empresa Sociedad Aérea de Ibagué, la cual era representada por Carlos Eduardo Restrepo. (Vea también: Este es el plan de contingencia del Minsalud para garantizar servicios tras ciberataque) Eso no tendría nada de raro, sino fuera porque este último es señalado como alias ‘Caco’ y enfrenta un juicio en Tampa, en una corte de Florida (Estados Unidos), donde está acusado por distribución de cocaína en 2020. Sin presentar absolutamente ningún material probatorio, a diferencia de la acusación en Estados Unidos contra alias ‘Caco’, el representante Cadavid denunció al ministro Jaramillo por el delito de financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas. Aunque no se ha comprobado nada, esta es una nueva polémica para el Gobierno Petro, la última y más recordada, la de su hijo Nicolás Petro. Según los hechos descritos en la denuncia, Jaramillo fue el gerente de la campaña al Congreso del Pacto Histórico, y presuntamente permitió “la consecución de traslados en las avionetas del señor Carlos Eduardo Restrepo Osorio directamente y a través de su empresa Sociedad Aérea de Ibagué Sadi S.A.S. de los candidatos”. Según el denunciante, se trataría, entonces, de aportes en especie a la campaña al Congreso de la colectividad petrista, que no habrían sido reportadas ante las autoridades electorales colombianas. Cadavid envió la petición al fiscal general Barbosa, dado que el ministro Jaramillo goza de fueron constitucional, pero las conductas a investigar (entre 2021 y 2022) corresponden a las de un funcionario de competencia de la justicia ordinaria.

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