El documento señala explica que, aunque la confrontación contra “el Estado, la infraestructura y bienes” ha disminuido, Petro recibió el país “con un preocupante panorama en materia de seguridad que no ha podido cambiar”.
Además, indica que los mayores grupos “venían de un fortalecimiento progresivo de su capacidad militar y presencia territorial que les permitió consolidar su control en algunas regiones”. Eso, agregó la información, continuó y al finalizar el año pasado, por ejemplo, “el Clan del Golfo tenía influencia en 200 municipios, el Eln en 176 y las disidencias en 171″.
“Tal esfuerzo ha sido en aras de garantizar su supervivencia, mas no buscando derrotar al Estado. En el primer año del Gobierno Petro se redujeron los ataques contra la Fuerza Pública (47 %) y a la infraestructura y bienes (45 %)”, destacó la FIP.
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Sin embargo, detalló la Fundación, la reconfiguración territorial propició que los enfrentamientos entre los grupos armados ilegales crecieran en un 85 %, que supone la cifra más elevada de los últimos 10 años. Esto se ha visto reflejado, principalmente, en zonas de los departamentos de Cauca, Caquetá, Huila, Antioquia, Putumayo y Valle del Cauca.
“Mientras tanto, las acciones de la Fuerza Pública (combates y bombardeos) contra los grupos armados continuaron disminuyendo, llegando al 47 %, lo que se explica por la apuesta del Gobierno de privilegiar la negociación con los grupos armados”, manifestó la FIP.
Otro de los hallazgos de la FIP es que la cifra de homicidios disminuyó en un 1,5 % a nivel nacional y en un 14 % en las regiones más afectadas por el conflicto armado. Igualmente cayó “el hurto a personas (26 %), las amenazas (19 %), los homicidios de líderes y lideresas sociales (13 %, aunque las cifras siguen siendo altas), los desplazamientos forzados (3 %) y las masacres (2 %)”.
No obstante, crecieron la extorsión (15 %) y el secuestro (77 %), “lo que indicaría la relación de los grupos armados con estos delitos y su interés por obtener más recursos”, precisó la FIP.
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La Fundación considera que el sistema colombiano “no permite entender de manera diferenciada la forma en que ocurren estas afectaciones y su impacto en las zonas urbanas y rurales”.
“Sin una ruta estratégica para reducir el homicidio y otros delitos, la idea de un país potencia mundial de la vida sigue siendo una aspiración mas no un logro de política tangible”, advirtió el organismo.
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