En una decisión que promete sacudir el tablero político y judicial de Colombia, el Gobierno nacional oficializó la petición para suspender las órdenes de captura de 29 cabecillas del Clan del Golfo (autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia). La resolución, conocida este mes de mayo de 2026, busca abrir camino a un proceso de “conversación sociojurídica” con la organización criminal más grande del país.
El nombre que más resalta en la lista es el de Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias ‘Chiquito Malo’, quien heredó el mando de la estructura tras la extradición de alias ‘Otoniel’. La medida es tan amplia que abarca incluso aquellas órdenes con fines de extradición, permitiendo que los líderes se movilicen sin riesgo de ser capturados.
Para que este proceso avance, el Gobierno ha definido dos Zonas de Ubicación Temporal donde los integrantes del grupo armado deberán reagruparse:
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Tierralta, en el departamento de Córdoba.
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Belén de Bajirá, en el Chocó.
El cronograma establece que el traslado de los hombres en armas comenzará el próximo 25 de junio de 2026. Sin embargo, la medida tiene un carácter restrictivo: el levantamiento de las capturas solo es válido para el desplazamiento hacia estos puntos específicos.
La decisión se toma en medio de cifras alarmantes sobre el poderío del Clan del Golfo. Según datos de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), el grupo ha tenido un crecimiento exponencial:
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Mayo de 2022: Contaban con 4,099 integrantes.
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Año 2025: La cifra se disparó a 9,840 hombres en armas.
Lo que más produce suspicacia en sectores políticos es el tiempo. Dado que la concentración de los criminales iniciará a finales de junio, el proceso entrará en su fase definitiva cuando falten apenas seis semanas para que Gustavo Petro entregue la presidencia. Expertos se preguntan si este ambicioso plan jurídico podrá consolidarse o si quedará en el aire con el cambio de gobierno.
Graves acusaciones a Juliana Guerrero y más miembros del Gobierno de Petro: habló alta funcionaria
Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre y actual funcionaria del Gobierno, aseguró que hay más de 20 personas que están buscando desacreditarla con el presidente Gustavo Petro acusándola de varios hechos que ella no cometió, pero lo que sí hizo fue destapar una supuesta disputa interna de poder entre diferentes funcionarios o personas cercanas al presidente, como Juliana Guerrero y Carlos Carrillo, con quienes ella ha tenido una confrontación desde hace varios meses.
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