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Uno de los principales logros del presidente Gustavo Petro terminó siendo una cifra errada e inflada a propósito por la Agencia Nacional de Tierras.
Pese a que el Gobierno aseguraba que durante este año se habían formalizado más de 1 millón de hectáreas, un informe interno reveló que más de la mitad de esa cifra fue entregada por gobiernos anteriores y que los actuales funcionarios de la entidad estaban siendo presionados para maquillar los resultados de la Reforma Agraria y cobrar logros ajenos.
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El escenario es tan delicado, que el mismo Gustavo Petro le ordenó a su ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, que revisara todo lo relacionado con tierras y contratara una auditoría externa para revisar cuál era el panorama real.
Con apenas dos días del escándalo, Mojica ya tomó las primeras decisiones y solicitó la renuncia protocolaria del director de la ANT, Gerardo Vega, y de las otras seis direcciones adscritas a su cartera.
Un movimiento que demuestra el caos interno y que se suma a la crisis ministerial de este martes, día en que el presidente les dio un ultimátum a sus ministros para mostrar resultados o renunciar. De hecho parte de esa apretada de manijas tiene a los ministros pidiendo la renuncia a todos sus directores de institutos y otras entidades adscritas a sus despachos, ante la baja ejecución presupuestal que se ha venido ventilando al interior del Gobierno.
El enojo de Mojica
Pese a que las cifras engañosas se destaparon a plenitud este martes, lo cierto es que la ministra Mojica venía alertando sobre las irregularidades y asegurando que el Gobierno no había formalizado 1 millón, sino apenas 240.555 hectáreas, como dijo el MinAgricultura a través de un comunicado.
Hace apenas una semana, la ministra también había asegurado en entrevista con El Tiempo que había “un desorden monumental en las cifras de tierras de la implementación del Acuerdo de Paz”, debido a que esa entidad reporta las cifras en dos sistemas: Sinergia y Siipo, y en cada uno hay números diferentes desde 2016 y hasta ahora.
“Esa gran desinformación e incluso fabricación de cifras ha llevado a que hoy la Agencia Nacional de Tierras (ANT) no logre tener con precisión qué es lo que se ha hecho”, dijo la jefa de esa cartera a escasos días de que estallara este nuevo escándalo.
Lo cierto es que, pese a que las advertencias eran serias y venían de altos funcionarios del Gobierno, el asunto solo se convirtió en noticia nacional luego de que se conociera un informe interno que describe una a una todas las irregularidades al interior de la entidad.
El documento -que fue revelado por El País de España este 15 de agosto- fue realizado por la Oficina de Inspección de Gestión de Tierras, OIGT, y no solo describe los resultados amañados, sino toda la presión que venían recibiendo al interior de la Agencia para entregar esos datos errados.
Para empezar, la OIGT concluyó que “del total de hectáreas de extensión presentadas como avances de formalización del Gobierno actual –correspondientes a 1.014.440 has–, la mayor parte correspondía a actuaciones anteriores a la entrada del actual Gobierno, y que una gran parte de lo presentado como avances no tenía fecha de clasificación de los datos”.
Según ese informe, hasta antes del 7 de agosto día en que se posesionó Petro, los anteriores gobiernos habían reportado un avance de 693.075 hectáreas. Mientras que de esa fecha en adelante solo se había reportado la formalización de 120.932 hectáreas, lo que se traduce en solo un 11,92% durante esta gestión.
De hecho, el artículo de El País también revela cómo esos logros que estaba mostrando el Gobierno Petro corresponden en realidad a lotes formalizados durante los gobiernos de Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos e Iván Duque.
Lo que pretendía la ANT, según ese documento, era achacarse hectáreas entregadas solo por hacer uno de los últimos pasos administrativos que era enviar un correo o registrar la propiedad en un folio, entre otros simples trámites.
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Presiones para mentir
Pero, como si todo eso no fuera lo suficientemente grave, el informe de la Oficina de Inspección también dedicó páginas completas a describir el presunto acoso sistemático a funcionarios de la Agencia que se negaban a maquillar las cifras.
Tal como describieron algunas de esas fuentes al interior del Gobierno, la jefa de Planeación de la Unidad decía que “no le servía” trabajar con las cifras oficiales, y que a veces había que actuar de manera política.
“Así mismo, se construyen bases de datos alternas a las establecidas dentro del Sistema Integrado de Gestión y se estigmatiza la capacidad técnica del equipo”, dice uno de los testimonios.
De hecho, fuentes de Presidencia le aseguraron a EL COLOMBIANO que son ese tipo de denuncias las que enfurecieron a la ministra Mojica pese a que sostiene una amistad de larga data con el director de la ANT, Gerardo Vega.
Tan es así, que los trabajadores de la Agencia y de las demás dependencias del Ministerio de Agricultura tenían claro que Mojica estaba a disgusto con los equipos y que quería sacar a los directores y sus personas más cercanas por la falta de resultados.
“Eso sí, lo que hay que decir también es que el trabajo de la Agencia no es tan fácil como pedir tierras, comprarlas y adjudicarlas. Esto depende de que las tierras sean productivas, de que no estén en líos con paramilitares ni ningún otro tipo de lío legal. Parece increíble, pero en Colombia eso es difícil”, dijo una fuente defendiendo el trabajo de la entidad.
Y en eso ha insistido Vega, quien le dijo a El País que su entidad ha tenido que “desempolvar y ordenar títulos viejos que estaban arrumados en las bodegas de la entidad para entregárselos a los campesinos”.
Remezón en MinAgricultura
Bajo ese panorama, las cifras engañosas y mal presentadas empiezan a cobrar sus primeras cabezas.
Según se conoció este martes, la ministra Mojica solicitó la renuncia protocolaria de los siete directores adscritos a su cartera.
Dentro de los que podrían salir están Vega y las cabezas de la Unidad de Restitución de Tierras, la Autoridad Nacional de Agricultura y Pesca, el Instituto Colombiano Agropecuario, la Agencia de Desarrollo Rural, el Fondo para el Financiamiento del sector Agropecuario y la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria.
Mientras esos despidos se dan, se sabe que la Agencia Nacional de Tierras ya está en la lupa de los entes de control, en especial de la procuradora general Margarita Cabello.
Tal como anunció el ministerio público el pasado 31 de julio, “el director de la ANT deberá remitir los resultados en el actual periodo de gobierno, la base de datos con el registro y detalle de las adjudicaciones de bienes fiscales, las formalizaciones de predios privados, entre otros; así como la gestión del año 2023”.
Todo eso, según justificó la Procuraduría, “teniendo en cuenta las alertas emitidas en reiteradas ocasiones por el ente de control, que han advertido imprecisiones en los datos reportados”.
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Con todo eso, el Gobierno Petro atraviesa por aguas turbulentas en las que se ponen en duda sus avances relacionados con la Reforma Agraria y la Implementación del Acuerdo de Paz, dos de las principales banderas políticas que llevaron al jefe de Estado a la Casa de Nariño.
A ese escándalo y amenaza de remezón, se le suman otras “papas calientes” de su paz total como las amenazas del ELN al fiscal Francisco Barbosa, y las constantes críticas a su alto comisionado para la paz, Danilo Rueda.
El Colombiano intentó contactar a Vega y a Mojica para conocer su versión de los hechos. Sin embargo, no obtuvo respuesta hasta el cierre de esta edición.
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