Si Ordóñez cometió alguno de esas faltas, el Gobierno aplicaría la acción de repetición, que significa que el funcionario debe reintegrar el monto de la indemnización al Estado, por cometer la conducta que dio lugar a la reparación económica, confirmó en Blu Radio Camilo Gómez, director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
En el caso de Gustavo Petro, la suma que se le debe entregar al senador es de 10.000 dólares por daño inmaterial y 18.000 dólares por gastos en el proceso; es decir, unos 106 millones de pesos.
Gómez señaló en la emisora que la indemnización para el exalcalde de Bogotá ya había sido otorgada por el Consejo de Estado, que ordenó reintegrarle a Petro todos los salario que dejó de recibir. Lo que hizo la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue aumentar el monto, aunque tampoco le concedió lo que el senador pedía, unos 40.000 dólares, agregó el director.
La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado tiene una “unidad dedicada a este tipo de asuntos”, indicó el funcionario en Caracol Radio, y ahora entrará a estudiar la responsabilidad de Ordóñez.
“Si encuentra que hay dolo o culpa grave [del exprocurador] pues procederá, si no lo encuentra, pues no lo hará. Haremos el análisis correspondientes”, concluyó Gómez.
Antes de conocerse esa posibilidad, el excandidato presidencial Humberto de la Calle Lombana afirmó que “corresponde al gobierno ordenar que se inicie el proceso legal” para que Ordóñez “reintegre los dineros que tenga que pagar el Estado colombiano con dinero de los contribuyentes”.
Incluso, De la Calle fue mucho más radical y hasta pidió considerar retirar a el exprocurador del puesto que hoy ocupa en la OEA.
Graves acusaciones a Juliana Guerrero y más miembros del Gobierno de Petro: habló alta funcionaria
Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre y actual funcionaria del Gobierno, aseguró que hay más de 20 personas que están buscando desacreditarla con el presidente Gustavo Petro acusándola de varios hechos que ella no cometió, pero lo que sí hizo fue destapar una supuesta disputa interna de poder entre diferentes funcionarios o personas cercanas al presidente, como Juliana Guerrero y Carlos Carrillo, con quienes ella ha tenido una confrontación desde hace varios meses.
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