Esa destitución fue ordenada por Alejandro Ordóñez, entonces procurador general y actualmente embajador de Colombia en la Organización de Estados Americanos (OEA).

La condena de la Corte IDH al Estado colombiano por este caso también estableció que al hoy congresista se le deben reconocer unos 28.000 dólares de gastos en el proceso judicial.

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Es a raíz de esto último que el excandidato presidencial Humberto de la Calle Lombana sugirió que “corresponde al gobierno ordenar que se inicie el proceso legal para que el mencionado exfuncionario reintegre los dineros que tenga que pagar el Estado colombiano con dinero de los contribuyentes”.

El excandidato presidencial incluso fue más allá y pidió que se reconsiderara que el exjefe del ministerio público siga en su puesto en la OEA:

Alejandro Ordóñez y Gustavo Petro

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Y es que, paradójicamente, la Corte IDH pertenece a la OEA, donde actualmente se encuentra sentado Ordóñez en representación de Colombia.