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Por: El Colombiano

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Este artículo fue curado por Gustavo Arbelaez   Abr 22, 2024 - 1:42 pm
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Las delegaciones del Gobierno Nacional y del Ejército de Liberación Nacional (Eln) acordaron mantenerse en la mesa de negociación. En un escueto comunicado, anunciaron que volverán a sentarse entre el 20 y el 25 de mayo en Venezuela.

“Recibiremos el informe ejecutivo del Modelo de Participación, Plan Nacional de Participación y Recomendaciones. También se firmará el acuerdo sobre el primer punto de la Agenda de Diálogos”, señalaron las partes en un comunicado conjunto.

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Las delegaciones se habían citado a una reunión extraordinaria para tratar de desenredar los diálogos. El Eln había pedido la cita para rechazar una negociación paralela que el Gobierno adelanta con el frente Comuneros del Sur de Nariño, una célula guerrillera que se declaró en rebeldía al Comando Central.

El próximo encuentro no será para un ciclo de conversaciones, sino para dar cierre al primer punto de la agenda de diálogos. Esta sería la primera vez que un Gobierno logra cerrar un acuerdo con ese grupo subversivo en una mesa de negociación.

Las partes no indicaron cuándo ocurriera la reanudación del séptimo ciclo de las negociaciones –suspendido por los acuerdos que el gobierno estaría adelantando con los guerrilleros del Frente Comuneros–. Lo cierto es que la reunión extraordinaria dio efecto y los subversivos continuarán en la mesa de negociación.

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“Es el primer punto de la agenda y en este caso lo que firmaremos atañe a la participación de la sociedad en la construcción de la paz. Es una buena noticia, el proceso de paz se consolida y poco a poco avanza, con dificultades, pero con resultados concretos”, señaló Iván Cepeda, senador y negociador del gobierno.

La delegación del Eln y del Gobierno colombiano también manifestaron su rechazo por la irrupción de la policía ecuatoriana en la embajada de México en Quito el pasado 5 de abril. Además, rechazaron el asesinato del líder social Narciso Beleño en el sur de Bolívar.

“Condenamos este crimen que pone en evidencia la necesidad de reforzar garantías para las organizaciones, movimientos populares y la población civil. En particular, en la región donde fue asesinado las comunidades han denunciado una fuerte y amplia presencia de estructuras paramilitares, que están realizando una nueva incursión desde el 18 de abril”, señalaron las partes.

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