El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad.
El Gobierno Nacional de Colombia decidió, a través de la Resolución Ejecutiva 473 del 22 de diciembre de 2025, reasignar el estatus de gestores de paz a varios integrantes de la disidencia denominada Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF), liderada por Calarcá Córdoba. Esta determinación se tomó en medio de una creciente controversia pública, pues los mencionados líderes fueron capturados previamente en Medellín, movilizándose en camionetas de la Unidad Nacional de Protección (UNP). Los vehículos habían sido entregados de forma oficial debido a su papel anterior como intermediarios en acercamientos con el Gobierno, lo que evidenció vulnerabilidades en los sistemas de control sobre estos esquemas de seguridad especiales otorgados a actores comprometidos en procesos de diálogo.
La resolución justifica la decisión señalando la necesidad de mantener canales de comunicación abiertos con grupos armados ilegales, dada la fragmentación del conflicto en el país. No obstante, enfatiza que la condición de gestor de paz no representa una amnistía automática ni implica la suspensión de los procesos judiciales que enfrentan los implicados, quienes tendrán esa designación por un periodo de ocho meses. Todo esto ocurre mientras permanecen abiertas múltiples investigaciones sobre posibles conexiones irregulares entre miembros de la disidencia, fuerzas de seguridad oficial y entidades de inteligencia estatales, reveladas tras el análisis del computador de Calarcá Córdoba.
El conflicto institucional estalló el 30 de noviembre, luego de la filtración de documentos incautados en un operativo militar realizado quince meses antes. Las investigaciones periodísticas, como las de El Espectador y la unidad investigativa de Noticias Caracol, sacaron a la luz archivos electrónicos y comunicaciones que habrían sugerido relaciones inadecuadas entre líderes armados y funcionarios estatales, incluyendo altos mandos de la Fuerza Pública y de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). Entre los materiales confiscados durante la detención había celulares, computadores portátiles, memorias USB, armas de fuego, chalecos balísticos, dinero en efectivo y oro, todos elementos de relevancia para la Fiscalía en el avance de sus indagaciones.
El episodio en la vía Medellín–Anorí, ocurrido el 23 de julio de 2024, fue el punto de partida de este escándalo. Allí, tropas oficiales detuvieron una caravana de la disidencia que contaba con personal de escolta proporcionado por la UNP. La presencia de miembros requeridos por la ley dentro de automotores oficiales generó alarma y desató una crisis institucional que aún sigue abierta.
El entramado de hechos y la exposición de posibles lazos entre actores armados ilegales y funcionarios públicos han complicado el escenario de los procesos de paz en Colombia. Estas circunstancias han derivado en interrogantes sobre la efectividad de los controles estatales y sobre la integridad de los procedimientos de negociación en medio de continuas sospechas y tensiones políticas.
¿Qué funciones cumple la figura de gestor de paz en el contexto colombiano?
La figura del gestor de paz, según lo establecido por el Gobierno Nacional, se refiere a una persona designada para facilitar el diálogo y la interlocución con grupos armados ilegales en escenarios de conflicto. Esta designación no concede automáticamente beneficios jurídicos, ni produce el cese de procesos judiciales que los implicados puedan enfrentar, tal y como lo especifica la Resolución Ejecutiva 473. La finalidad de esta figura es abrir espacios de comunicación que contribuyan a la superación del conflicto, en medio de un contexto nacional donde la paz sigue siendo un reto complejo.
Comprender las funciones exactas y el alcance de esta figura resulta clave para interpretar el impacto que pueden tener estas designaciones en los procesos de negociación y en la opinión pública del país. El debate sobre el equilibrio entre la búsqueda de paz y el fortalecimiento de los controles institucionales permanece vigente y cobra especial relevancia ante cualquier nuevo escándalo que involucre actores armados y funcionarios estatales.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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