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La reciente decisión del Gobierno de Colombia de eliminar la prima especial de servicios para los congresistas, establecida mediante el Decreto 0030 de 2026 y programada para entrar en vigor a partir del 20 de julio, introduce cambios estructurales no solo en el salario de los legisladores, sino en toda la cúpula del sector público. Esta medida, que el Ejecutivo presenta como una estrategia de racionalización del gasto y adecuación de la política salarial al contexto económico nacional, impacta de manera directa a diversos altos funcionarios cuyos ingresos están legalmente vinculados a la remuneración de los miembros del Congreso.
El alcance de esta reforma se sostiene en dos pilares jurídicos fundamentales. Por un lado, el artículo 187 de la Constitución Política de Colombia establece que la asignación de los congresistas debe reajustarse anualmente conforme al promedio ponderado de los cambios en la remuneración de los servidores de la administración central. Por otro, el principio de equivalencia salarial dispone que los salarios de otros altos funcionarios se determinan con base en la escala de retribución aplicada a los parlamentarios y magistrados de las Altas Cortes. Como resultado, cualquier modificación en las condiciones salariales del Congreso repercute en toda la estructura del poder público central y en organismos de control.
Los destinatarios de este ajuste abarcan a los magistrados de la Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado y Consejo Superior de la Judicatura, así como a los líderes de los principales organismos de control: la Procuraduría General, la Contraloría General y la Defensoría del Pueblo, cuyos sueldos han estado tradicionalmente alineados al ingreso de los congresistas. Adicionalmente, cargos como el Registrador Nacional del Estado Civil, los magistrados del Consejo Nacional Electoral y el Fiscal General, junto con los magistrados del Tribunal de la Jurisdicción Especial para la Paz, también se ven alcanzados por la medida.
La nueva política fija techos salariales más estrictos. Un congresista, que actualmente recibe en promedio $51.512.446 mensuales sumando todas las prestaciones, pasaría a devengar alrededor de $34.597.906 tras la eliminación de la prima especial de servicios, un beneficio que representa casi $17 millones cada mes. Esto, por efecto de la equivalencia normativa, sitúa el salario de los magistrados de las Altas Cortes en cerca de $31,2 millones mensuales.
Para cargos como el Procurador, que hasta ahora recibía más de $55 millones mensuales incluyendo primas y bonificaciones, la reducción será patente para futuras designaciones a partir de 2026. El Contralor y el Defensor del Pueblo también verán ajustada su remuneración, así como el Registrador Nacional, quien quedará sujeto a los mismos límites que magistrados y congresistas, eliminando beneficios adicionales. El Gobierno ha resaltado que los derechos adquiridos se respetarán para quienes ya ocupan estos cargos; no obstante, el decreto establece un nuevo estándar en la cima de la administración pública y abre un debate sobre la austeridad y la equidad en la remuneración de los servidores del Estado.
¿Por qué el principio de equivalencia salarial vincula los ingresos de distintos altos funcionarios públicos en Colombia?
El principio de equivalencia salarial se implementa en la estructura del Estado colombiano para garantizar una uniformidad en la retribución de quienes ejercen responsabilidades de primer nivel en diferentes poderes y órganos de control. Esta disposición tiene el propósito de establecer relaciones justas y evitar disparidades notables entre los sueldos de quienes toman decisiones tanto en el ámbito legislativo como en el judicial y en los organismos de vigilancia institucional.
La importancia del principio radica en que, ante cualquier modificación que afecte el ingreso de los congresistas o de magistrados de las altas cortes, se produce un ajuste automático en los salarios de otros altos funcionarios cuya remuneración está legalmente equiparada. De esta manera, se busca mantener coherencia y equilibrio salarial entre los cargos con mayor peso e influencia en la estructura estatal.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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