“Al presidente no se le puede despojar de la competencia para objetar por inconveniencia, ni al Congreso se le puede despojar de la competencia para tramitar las objeciones. Así como cuando ganó el ‘No’ e insistimos en un acuerdo que el gobierno de la época no permitió, ahora insistiremos en un acuerdo en el Congreso para aprobar las objeciones del presidente Duque”, expresó el expresidente.

De igual manera, Ernesto Macías, presidente del Senado, aseguró, de acuerdo con Caracol Radio, que esperaban que la Corte Constitucional decidiera que fuera el Congreso el que se encargara del trámite de las objeciones del presidente a la ley estatuaria de la JEP.

“Debo reconocer que la Corte actuó como debía ser, como esperábamos. En primer lugar, reconociendo la independencia de los poderes públicos y, en segundo lugar, diciendo claramente que el Congreso debe tramitar las objeciones y eso es lo que vamos a hacer”, expresó.

Así mismo, Paloma Valencia celebró, en su Twitter, que el tribunal decidiera “respetar las competencias del presidente”, para que, en palabras de ella, el país pueda avanzar en un “gran acuerdo nacional”.

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Por su parte, la senadora Angélica Lozano, de la Alianzas Verde, dijo, de acuerdo con Caracol Radio, que no comparte la decisión de la Corte, aunque la respeta, misma posición de la representante Juanita Goebertus.

“Como oposición, no ganamos esta discusión. La decisión tomada es salomónica, pero acatamos lo que dice la Corte Constitucional”, expresó Goebertus.

No obstante, cabe mencionar que Iván Cepeda, opositor de las objeciones de Duque, destacó la decisión del alto tribunal, pues silenció “las voces autoritarias que pretendían descalificarla con la acusación de que no respeta el orden del Estado de derecho”.

Ahora, por la decisión de la Corte, el Congreso debe debatir y decidir si acepta o modifica las objeciones. Luego de eso, enviaría a la Corte un expediente legislativo.

A partir del momento en que el Congreso tome una decisión, la Corte asume la competencia para ejercer el control sobre el procedimiento y contenido, y resolverá los problemas jurídicos que surjan, para que la JEP pueda tener la ley para su funcionamiento.

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