El organismo asegura que sus políticas lo han “convertido en blanco de grupos ilegales” y que conocieron la información directamente de la Gobernación del Magdalena:

“El pasado sábado 14 de agosto una fuente altamente confiable informó al gobernador Caicedo sobre un presunto plan orquestado por las denominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), con el propósito de asesinarlo”.

En un comunicado, la CCJ aseguró que las amenazas fueron confirmadas por el Ejército, la Policía del departamento y ratificada por altos oficiales de la fuerza pública.

Por eso, pidieron ayuda a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos:

La CCJ espera que las reuniones de las autoridades y la denuncia sobre estos graves hechos ante la Fiscalía y el presidente Iván Duque den garantías que permitan el “retorno seguro” del gobernador al país. Hasta ahora, Caicedo no se ha pronunciado.

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Por su parte, la representante en Colombia de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Juliette de Rivero, aseguró que le hará seguimiento al caso y a las acciones del Estado.

El texto añade que “en sectores populares de Santa Marta han aparecido grafitis en los que se anuncia la presencia de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, organización heredera del paramilitarismo que opera en todo el país”.

Y asegura que todo ello es consecuencia de “la precaria implementación del Acuerdo de Paz“, pues la expansión de ese grupo “se traduce en los altos niveles de violencia que causan alrededor del territorio nacional, y particularmente en el departamento del Magdalena”.