Rocío Gutiérrez Cely lleva más de dos décadas trabajando en procesos de transformación social en el Valle del Cauca. Desde 2010 trabajó en la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR), -ahora Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN)– promoviendo espacios seguros para la reincorporación de quienes dejaban las armas antes de la firma del Acuerdo de Paz. En 2013, llegó a ser la coordinadora de la Agencia para el Valle y en 2016, en plena firma del Acuerdo de La Habana, quedó a la cabeza de la primera secretaría de Paz de Cali.
El programa más importante en esa cartera, y uno de los más relevantes en la alcaldía de Maurice Armitage fue el de Gestores de Paz y Cultura Ciudadana, creado por Gutiérrez Cely como una alternativa de reconstrucción del tejido social y de reconciliación entre quienes dejaban las armas y las víctimas del conflicto armado, pero también con entre los jóvenes pandilleros que integraban bandas criminales en la ciudad. Ese programa ganó el segundo lugar en el Premio por la Paz UCLG, entregado por la Organización de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, en Sudáfrica.
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El nombre de los gestores de paz volvió a sonar luego de que el presidente Gustavo Petro anunciara que pedirá excarcelación para varios jóvenes que conformaron las Primeras Línea en medio del Paro Nacional en 2021 en todo el país. Cali, de hecho, fue una de las ciudades en las que más se sintió el estallido social y en las que más hechos violentos se registraron. Según Indepaz, de las 80 personas que murieron en medio de las protestestas en todo el país, 45 de esos casos se presentaron en la capital del Valle del Cauca.
En diálogo con Colombia+20, Rocío Gutiérrez habla hoy como directora de proyectos intervención en violencia y cultura de paz de la Fundación Sidoc, desde donde continuó implementando la estrategia de Gestores de Paz una vez terminó su administración en 2020. Asegura que la propuesta de Petro tendría una metodología similar a la que implementaron en Cali y que podría llegar a ser el mayor éxito o el peor fracaso de este gobierno.
¿Qué fueron los Gestores de Paz en Cali y cómo surgió el programa?
Los Gestores de Paz fueron el programa más importante de la secretaría de Paz en la administración pasada. Cuando llega Maurice Armitage a la alcaldía su principal preocupación era el alto índice de homicidios en la ciudad y el hecho de que los responsables de esos asesinatos eran población muy joven, en su mayoría entre 18 y 28 años de edad. Cuando empezamos a ver quiénes eran las víctimas nos dimos cuenta que también era población que estaba en esos mismos rangos de edad, así que intentamos hacer un análisis de las causas raíces de la violencia, obviamente entendiendo la violencia como un fenómeno multicausal, e identificamos que la violencia estaba directamente ligada a la ausencia de oportunidades.
En ese momento Armitage, desde su visión empresarial, propuso que creáramos un programa para generar empleo y así evitar que muchas personas tengan que tramitar de la legalidad a la ilegalidad. Y bueno, estábamos en pleno año de proceso de paz con las Farc así que la apuesta fue construir una metodología que nos permitiera establecer quiénes eran los jóvenes que estaban en territorios con mayor conición de riesgo, pero trabajarlo con un enfoque de reconciliación.
Desde el Gobierno Petro se ha venido hablando de la figura de Gestores de Paz para jóvenes que fueron de las Primeras Líneas. ¿Cómo ve usted esta iniciativa?
Creo firmemente que ese puede ser el mayor éxito o el mayor fracaso del Estado, dependiendo del nivel de responsabilidad y del nivel de rigor técnico con el que se implemente. Yo llevo 20 años haciendo esto y creo que cuando a los seres humanos se les genera una segunda oportunidad, los resultados son absolutamente maravillosos y realmente se generan transformaciones. El mayor reto de este programa para nosotros fue que la vinculación de los jóvenes bajo ningún punto de vista puede tener incidencia política o clientelista, porque eso lleva al fracaso. Y el segundo punto importante es el acompañamiento: debe ser intensivo, cercano y continuo, esa es la clave del éxito.
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¿Cuál era esa metodología de los Gestores de Paz de Cali y con qué bases la construyeron?
Bueno, teníamos un referente con la reincorporación de excombatientes y su proceso de resocialización y desarme porque yo venía de trabajar en la ACR (ahora ARN) y ellos tenían una metodología muy similar que fue la que nos transfirieron a la alcaldía de Cali y nosotros le hicimos ajustes a ese programa. Desde la alcaldía lo que hicimos fue habilitar una ruta de acompañamiento que tuviera un componente psicosocial muy sólido y que nos permitiera incidir en la construcción de proyectos de vida a los beneficiarios.
Nosotros trabajábamos con tres tipos de población: excombatientes de las Farc, víctimas del conflicto armado y expandilleros o pandilleros en proceso de resocialización. Entonces, las personas ingresaban al programa a recibir formación en habilidades blandas pero también en habilidades duras como diferentes programas técnicos y tecnológicos, capacitación en emprendimiento, liderazgo, artísticos: teníamos una oferta amplia para que eligieran qué querían aprender. Ellos pasaban la mitad del día en estos programas de formación adquiriendo herramientas y la otra mitad del día la invertían trabajando en pro de la ciudad: estaban como gestores de la estación del MIO, trabajaban en materia de medioambiente, movilidad, seguridad, acompañamiento de espacios públicos y por esa labor reciían un apoyo económico.
Eso era muy particular porque generaba la doble ganancia del recurso público porque el mismo recurso me estaba permitiendo intervenir una población muy crítica, pero además esa población se convertía en capital humano para la ciudad.
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Ese tema del pago ha sido muy polémico justamente en la propuesta que hizo el presidente Petro cuando habló de los gestores de paz. Desde su experiencia, ¿por qué es importante que haya una remuneración a esa población?
Es una apuesta por la generación de segundas oportunidades. Si le vas a dar la mano a una persona, tienes que prepararla para lo que se va enfrentar en la vida. Esa población tenía dificultades de consumo de sustancias, escolaridad baja, es una población con dificultades en salud mental y en redes de apoyo y muchos han tenido sanciones judiciales. Es una población que nunca ha tenido un empleo formal pero cuando esa persona, con toda su voluntad, trata de ponerse un atuendo e ir a una entrevista laboral, lo que siempre pasa es que inmediatamente le cierran la puerta. Bajo esa perspectiva, a veces lo único que queda son otras dinámicas que sí están a la carta y que no necesariamente están en el marco de la legalidad.
Entonces, si yo tomo la decisión de darle la mano a esos jóvenes yo los tengo que preparar. Y para prepararlo, necesito que él me entregue su tiempo y que él me retribuya a través de acciones concretas. Ninguna persona me va entregar a mí su tiempo si no tiene al menos un ingreso básico para sobrevivir. El apoyo económico es una transferencia condicionada y simplemente se vuelve en una herramienta más que permite garantizar la estabilidad de las personas mientras yo les entrego lo que debo entregarles para devolverlos a la sociedad de una manera sostenible.
¿En qué consistía el programa y cuánto tiempo duraba para cada persona?
La ruta básica tenía una duración de 18 meses, que era el tiempo que nosotros considerábamos se tardaba una persona en terminar su proceso: estudiar, graduarse y prepararse para enfrentar la vida laboral. Sin embargo, era relativo. Había personas que podían demorarse menos porque tenían más acompañamiento o redes de apoyo y otros a quienes les tomó un poco más de tiempo poder terminar. Durante los 18 meses los capacitábamos y ellos trabajaban para la ciudad: para muchos fue su primer empleo, incluso.
¿Había algún tipo de seguimiento después de que salían del programa?
Sí, teníamos un mecanismo de monitoreo post a través del cual se hacía seguimiento para saber en qué estaban después de salir del programa y si tenían algún tipo de requerimiento de nosotros. Ese proceso se interrumpió un poco en el momento en el que se terminó la administración de Maurice Armitage porque el programa no continuó. Pero los resultados fueron muy exitosos: el 70% de nuestra población salió con una certificación que le permitió acceder a ofertas de empleo y el 40 % de ellos quedó vinculado a alguna oferta de empleabilidad. Pero lo más importante es que durante los cuatro años que duró el programa, tuvimos un índice de reincidencia de apenas el 2 %, algo muy distante de lo que pasa con el sistema penitenciario en el que de 10 personas que salen de cárceles en Colombia, ocho vuelven a delinquir.
¿Qué características tenían que tener los beneficiarios, qué requisitos debían cumplir?
Tres criterios: en el caso de los expandilleros o pandilleros en proceso de resocialización existía un comité interinstitucional que hacía una evaluación de si efectivamente la persona era quien era y hacía parte de la dinámica de ilegalidad. En ese comité estaba la estrategia TIOS (un programa de la secretaría de Seguridad de Cali la administración pasada), la Policía, la Fiscalía, ICBF, y la Arquidiócesis. Ellos verificaban que la persona sí viniera de una dinámica de ilegalidad y de ser así, cumplía el requisito para entrar. En el caso de expandilleros el límite de edad eran 32 años.
En el caso de las víctimas era a través de la identificación de la UARIV (Unidad para las Víctimas). El único criterio era estar registrados en el Registro Único de Víctimas y que no hubieran recibido reparación administrativa, es decir recursos económicos, porque se trataba de darle la oportunidad a personas que tuvieran menores condiciones. Y en el caso de los reincorporados les pedíamos certificado de dejación de armas y que no hubieran recibido todavía un capital semilla producto de su proceso de reincorporación. En estos no había límite de edad.
También trabajamos con jóvenes del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente que habían salido de cárceles o correccionales. El límite de edad con ellos era de 28 años y en todos los casos pedíamos que fueran mayores de edad, por el tema de la transferencia económica.
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Más allá de las cifras, ¿qué transformaciones sociales tuvo ese programa en la ciudad?
Aunque no tuvimos en ese momento la oportunidad de hacer una investigación cualitativa, sabemos de manera experiencial que la disminución sostenida que tuvo la tasa de homicidios en Santiago de Cali en 2016 al 2019, que fue significativa, estaba en gran medida relacionada con esta apuesta de trabajo que tenía que ver con los Gestores de Paz. Ahora con la Fundación Sidoc pudimos hacer un estudio a través de la Universidad Javeriana y Open Society que midió el impacto de nuestro programa actual y ya tenemos resultados que corroboran que la metodología tiene una incidencia directa en la disminución de la tasa de homicidios.
Era una apuesta para salvar vidas, no solo la de los Gestores mismos sino la de muchas personas en los territorios. Muchas mamás en los territorios lloraban diciéndonos que no sabían cómo habíamos hecho pero que le habíamos salvado la vida a esos muchachos. Y las transformaciones se veían: nosotros hacíamos seguimiento domiciliario y veíamos cómo los recursos económicos eran invertidos. El pago mensual que recibían dejaba de ser para droga o para trago y a las casas empezaba a llegar la licuadora, la lavadora, y las necesidades básicas empezaban a suplirse gracias a ese pago.
¿Cuántas personas se beneficiaron de ese programa durante su cuatrienio?
Aproximadamente unas 3.000 personas entre jóvenes y adultos. La mayoría de población víctima del conflicto armado es adulta, al igual que los reincorporados. En la Fundación Sidoc tenemos ese mismo programa bajo el nombre de Forjando Oportunidades, pero esa metodología también la están aplicando varios empresarios a través de la campaña Compromiso Valle. Entre ambas iniciatias privadas estamos en siete municipios del Valle del Cauca (Yumbo, Jamundí, Palmira, Candelaria, Buenaventura, Vijes, Buga y Cali) y dos del Cauca (Santander de Quilichao y Caloto). Allí estamos impactando a unas 5.000 personas actuales como gestores de paz.
Cali es una ciudad con unas fracturas sociales muy profundas. ¿Cómo fue para la ciudad recibir y asimilar a los Gestores de Paz en su momento?
Hubo diversas reacciones. En muchos escenarios hubo reacciones aisladas de rechazo, por ejemplo si estaban regulando la movilidad en un espacio entonces eventualmente les gritaban “guerrilleros”. Pero poco a poco está lógica fue cambiando y nosotros terminamos la administración recibiendo cantidades de solicitudes y requerimientos por parte de las comunidades alrededor del acompañamiento de los gestores. Nos llamaban de las estaciones del MIO pidiendo más gestores en ese espacio, pero también hubo muchos barrios que nos pedían el acompañamiento de los gestores en actividades culturales o nos llegaron a buscar de hogares geriátricos pidiéndonos que les enviáramos gestores para apoyar esa población. Aunque no faltaron las voces de rechazo, nuestra experiencia nos muestra que sí logramos transformar la percepción cotidiana que había sobre esa población excluída.
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