Según dio a conocer la emisora, este viernes, el general Eduardo Enrique Zapateiro aseguró que sus hombres ya tomaron el control de la situación y que el compromiso ahora es brindar una presencia permanente de militares en la zona, especialmente en el corregimiento de Pogue, en Bojayá (Chocó).

Precisamente allí, la comunidad y la ONG Comisión de Justicia y Paz denunciaron la presencia de unos 300 hombres armados que se habían tomado la población, desde el pasado 31 de diciembre, y que tenían amenazada a la población para que no denunciara.

Frente a este temor, el general Zapateiro advirtió, de acuerdo con La FM, que a la población “llegaron unos bandidos muertos de hambre y pidiendo comida, donde no hubo un confinamiento”.

“Había movimiento de botes por el río sin ningún problema”, dijo el oficial, aunque, según la emisora, “admitió” que varios pobladores estaban atemorizados por la presencia de hombres armados que vestían de civil y con camuflado.

Sobre este hecho, El Tiempo dice que el comandante de la Séptima División del Ejército, general Juan Carlos Ramírez, dio a conocer que cuando las tropas llegaron a la zona “al parecer, los hombres ya se habían ido, porque no tuvimos ningún combate, y todo indica que no era el número que en un principio dio a conocer la población: cerca de 300”.

Debido a esta difícil situación, propiciada por la disputa que libran guerrilleros del Eln y subversivos del ‘clan del Golfo por el control de las rutas del narcotráfico, el comandante de las Fuerzas Militares, general Luis Fernando Navarro, dijo en rueda de prensa que lo primero que se hará es “aumentar y mantener la seguridad en el casco urbano de Bojayá”.

“Vamos a establecer controles permanentes en los caseríos de Corazón de Jesús, Lomas de Bojayá, Piedra Candela y Pogue, y se mantendrán las operaciones en el área y de manera particular sobre el río Cuía para neutralizar los corredores del narcotráfico”, agregó el oficial.

Pero pese al parte de tranquilidad que dan los altos mandos del Ejército, La FM dice que el defensor del Pueblo en Chocó, Luis Murillo, advirtió que la población civil (comunidades afro e indígenas) está atrapada en medio de esta confrontación armada, y que la situación se agrava por el aumento en la siembra de minas antipersonal, el reclutamiento forzado de menores y el desplazamiento de los habitantes.

De hecho, la Defensoría del Pueblo respaldó esta declaración al insistir en que, desde octubre pasado, ya se había alertado al Gobierno sobre el riesgo de la población por la confrontación de estos grupos armados.