Aunque la alerta pareció cobrar relevancia solo hasta poco antes de Nochevieja, la situación vendría desde antes.

El 30 de diciembre, esa misma oenegé aseguró que la situación se conoció gracias a “pobladores que lograron salir del cerco de los paramilitares”. Asimismo, aseguraron que los insurgentes llegaron a ese municipio obligando a la gente a aceptar regalos, pero amenazando de muerte a quienes los denunciaran.

Asimismo, la Comisión dijo que sujetos de civil controlan todo desde el interior, con armas cortas, y otros vestidos de camuflado lo hacen en la periferia, con armas largas. Sin embargo, lo más grave es que dio a entender que las fuerzas militares desconocen la situación:

“Las operaciones psicológicas y de amedrentamiento sobre la población se realizan por parte de las AGC, en medio de fuerzas militares, que afirman que controlan el territorio en todas las áreas rurales”

La gravedad de lo que sucede en la región no solo se limita a Bojayá. De acuerdo con la Comisión Intereclesial, se trata de toda una maniobra de sometimiento en la que ejercer control sobre las comunidades aprovechando la debilidad institucional.

Necoclí, Turbo, Apartadó, Chigorodó, Mutatá, Dabeiba, Belén de Bajirá, Carmen del Darién, Riosucio, Frontino y Urra serían otras de las poblaciones que sufren este fenómeno, con la excusa de que se está contrarrestando la actividad del Eln en la zona.

Bojayá es tristemente recordada por la masacre de 79 personas en la iglesia del pueblo durante una toma de las Farc en 2002. Recientemente, la comunidad venía denunciando la “inminencia” de una nueva situación similar.

Funeral Bojayá

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Hasta la medianoche del 1 de enero, ni la Presidencia, ni el Ejército, ni el Ministerio de Defensa se habían pronunciado oficialmente al respecto. Por el contrario, daban un parte de tranquilidad que, a la luz de las denuncias, desconocía por completo la situación en Chocó: