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La formalización de un nuevo Frente de Seguridad en el barrio La Nevada, ubicada en Valledupar, marca un avance significativo en el fortalecimiento de la seguridad ciudadana. Este proyecto se enmarca en el plan institucional “Seguros, cercanos y presentes” y es liderado por el Grupo de Policía Comunitaria de la Policía Metropolitana de Valledupar. A diferencia de abordajes previos basados estrictamente en el patrullaje convencional, la actual estrategia busca una cooperación directa y sostenida entre la comunidad y la Policía Nacional para prevenir el delito y fomentar la convivencia pacífica a nivel local. Según el Ministerio de Defensa, esta intervención está alineada con el Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, el cual ha demostrado ser efectivo para reducir la tasa de homicidios y mejorar la percepción de seguridad en distintas ciudades del país, viéndose reflejada una disminución del 23% en homicidios en municipios donde fue implementado completamente entre 2019 y 2023.
El proceso de creación del Frente de Seguridad en La Nevada no solo ha involucrado a los uniformados, sino también a líderes comunales, presidentes de Juntas de Acción Comunal y a la ciudadanía. Durante la jornada inaugural se llevaron a cabo actividades como la identificación de factores de riesgo en el entorno, capacitaciones en prácticas de autoprotección y la definición de rutas claras para la denuncia, además del establecimiento de canales directos y regulares de comunicación con la Policía. Un elemento visible de la acción fue la instalación de señalética que declara la zona como “Segura”, funcionando como medida disuasoria ante posibles conductas delictivas, así como recordatorio del compromiso ciudadano.
El coronel Álex Durán, comandante de la Policía Metropolitana de Valledupar, subrayó la importancia de estos espacios para consolidar la confianza entre la comunidad y la fuerza pública. Este fortalecimiento es clave para garantizar presencia policial permanente y efectiva, mediante una organización estratégica según sectores urbanos y rurales. El énfasis en la corresponsabilidad social –donde la población se convierte en protagonista del cuidado de su entorno– está en línea con las recomendaciones de la Fundación Ideas para la Paz, que subraya la importancia de la participación ciudadana para elevar los índices de denuncia y percepción de legitimidad de la actuación policial.
En el contexto latinoamericano, las “Zonas Seguras” no solo buscan reducir la criminalidad inmediata, sino también reconstruir la confianza en las instituciones, en particular en regiones donde el tejido social ha sido fragmentado por la violencia y la desconfianza histórica hacia las fuerzas públicas. Un reciente informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) valida la efectividad de esta clase de estrategias policiales y comunitarias, remarcando su éxito cuando se integran con políticas sociales y estructuras de gobernanza participativas.
No obstante, la implementación y sostenibilidad de estos frentes depende de la disposición de recursos, acompañamiento técnico y la instauración de mecanismos de control y rendición de cuentas. Expertos del Departamento de Criminología de la Universidad Nacional de Colombia advierten sobre la importancia de mantener un diálogo constante entre las partes para ajustar estrategias, evitar exclusiones o estigmatizaciones y garantizar la adaptación continua a las cambiantes necesidades del territorio. De este modo, las políticas de seguridad pueden escalar su impacto al abordar causas estructurales de la inseguridad como la pobreza y el acceso limitado a servicios públicos.
Así, el Frente de Seguridad de La Nevada encarna una apuesta por la corresponsabilidad y participación ciudadana, reflejando una tendencia nacional e internacional hacia alianzas entre comunidad y Estado para el desarrollo de entornos más seguros, inclusivos y resilientes.
Preguntas frecuentes relacionadas
¿En qué consiste el Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes?
El Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes es una estrategia adoptada por la Policía Nacional de Colombia que busca optimizar el patrullaje mediante la división de las ciudades en pequeñas áreas geográficas, llamadas “cuadrantes”. Cada cuadrante tiene asignados policías que permanecen en la zona, con el objetivo de conocer a fondo a su comunidad, responder rápidamente a incidentes y fortalecer la relación entre la ciudadanía y la fuerza pública. Según el Ministerio de Defensa, la vigilancia por cuadrantes ha sido determinante para lograr reducciones significativas en ciertos delitos, aumentando la confianza y participación ciudadana.
La relevancia de este modelo radica en su carácter preventivo y en el fomento de la corresponsabilidad social. Gracias a su abordaje local, la Policía puede identificar factores específicos de cada sector y adaptar las estrategias según las necesidades reales del territorio. Esta cercanía operacional potencia la percepción de seguridad y fomenta la denuncia, un aspecto indispensable para la prevención criminal y la convivencia pacífica.
¿Qué retos enfrentan los Frentes de Seguridad Comunitarios en su sostenibilidad?
Uno de los principales retos para la sostenibilidad de los Frentes de Seguridad Comunitarios es el aseguramiento de recursos técnicos y humanos suficientes a largo plazo. La falta de financiación puede limitar la cobertura y el impacto de las actividades preventivas y de capacitación. Además, se requiere de un constante acompañamiento institucional que incluya monitoreo, retroalimentación y espacios de diálogo entre la comunidad y la Policía, para ajustar acciones frente a coyunturas cambiantes.
La transparencia y la rendición de cuentas también constituyen desafíos fundamentales, pues cualquier percepción de parcialidad o falta de resultados puede minar la confianza social y dificultar la colaboración activa. Por eso, expertos como los de la Universidad Nacional de Colombia insisten en la necesidad de establecer métodos de evaluación y mejora continua, además de integrar a otros actores sociales en el proceso, como instituciones educativas y organizaciones comunitarias, para maximizar el alcance y la legitimidad del modelo.
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